La Junta de Castilla y León ha presupuestado en un total de 10 millones de euros la recaudación en el año 2018 en aplicación del futuro impuesto por el impacto ambiental de los residuos radiactivos de carácter temporal, una medida que anunció en su día el Gobierno regional tras conocer que no se reactivará la central nuclear de Santa María de Garoña.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación este miércoles del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2018 y que contempla esos 10 millones de euros por un concepto que todavía no se ha regulado, según ha reconocido.

Herrera ha aclarado que se trata de una figura impositiva que habrá que crear a través de una ley aprobada en las Cortes de Castilla y León, bien en forma de proyecto de ley o en forma de proposición de ley en 2018, y no vía presupuestos.

Según ha recordado, será necesario dar naturaleza legal a este impuesto por el impacto ambiental de los residuos radiactivos de carácter temporal y cuyo objetivo es financiar un plan de reactivación económica de la comarca burgalesa donde está ubicada la central de Santa María de Garoña. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha aclarado que este impuesto se puede devengar incluso a finales del ejercicio económico.