Ni sobrecostes ni irregularidades administrativas en la construcción. Así de rotunda es la conclusión del Grupo Parlamentario Popular tras la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos. El viceportavoz en las Cortes, Ángel Ibáñez, ha defendido que todos los procedimientos se hicieron bajo el marco legal y también que la colaboración público-privada ha sido beneficiosa para el interés general. 

En un documento de más de 80 páginas con 45 conclusiones, el PP considera que lo que la oposición llama "sobrecoste" no es sino una mayor inversión asociada a mayores y mejores dotaciones para el HUBU". De hecho, Ibáñez ha recalcado que todas estas mejoras fueron cambiando desde que se inició el proyecto hasta que el centro abrió sus puertas seis años después, siendo todas ellas demandas del personal médico del Sacyl.

En este sentido, el documento que se presentará mañana al letrado de la Junta de Castilla y León encargado de la Comisión, subraya que todos los modificados realizados se hicieron "de manera legal y legítima a estancias de la administración pública y atendiendo siempre al interés general". Un coste que, ha reconocido, en 2005 fue de 1.251 millones pero que fue variando en función de los cambios en el IVA y el IPC.

 
"Evidentemente, en función del tipo impositivo del IVA durante todos estos años, el contrato varía y seguirá variando", ha puntualizado Ángel Ibáñez antes de afirmar que el edificio "no presenta ningún problema serio, más allá de las cuestiones propias de cualquier construcción". Por otro lado, ha apuntado que "la obra se recepcionará en el año 2036, cuando la concesionaria tenga que entregar en perfecto estado de revista todas las instalaciones". 

El viceportavoz 'popular' también tiene claro que la gestión de la empresa concesionaria en el HUBU está siendo "muy buena", recalcando que "si no llega a ser porque se puso en marcha un modelo de concesión, la ciudad de Burgos aún no tendría un hospital nuevo". 

La Comisión de Investigación sobre el HUBU ha supuesto dos años de trabajo y miles de folios de documentación, "en un ejercicio de transparencia donde se ha presentado todo lo que ha solicitado la oposición", ha recordado Ángel Ibáñez. 

Por la Comisión han pasado un total de 63 comparecientes, entre ellos 11 altos cargos públicos, 23 directivos de la administración, 2 técnicos del Ayuntamiento de Burgos, 10 directivos de la concesionaria y 17 expertos en la gestión sanitaria de toda España.