Las entidades remarcan que los verdaderos beneficiarios son los alumnos y sus familias, ya que las actividades se desarrollan fuera del horario lectivo
Escuelas Católicas y FSIE CyL defienden la legalidad del programa de refuerzo educativo en concertados
Las entidades remarcan que los verdaderos beneficiarios son los alumnos y sus familias, ya que las actividades se desarrollan fuera del horario lectivo
Las organizaciones Escuelas Católicas Castilla y León y FSIE Castilla y León han salido al paso de las informaciones que cuestionan la adjudicación de actuaciones del Programa para la Mejora del Éxito Educativo al Colegio San Gabriel de Aranda de Duero. Ambas entidades sostienen que el procedimiento cumple "todos los requisitos legales" y que estos proyectos garantizan un refuerzo académico gratuito y abierto a cualquier estudiante, independientemente del centro en el que esté escolarizado.
En un comunicado conjunto, recuerdan que los colegios concertados forman parte de la red educativa sostenida con fondos públicos, por lo que su participación en programas financiados por la Junta "encaja plenamente en la normativa vigente". Subrayan además que estos fondos proceden de los impuestos de todos los ciudadanos y deben emplearse para ofrecer servicios en igualdad.
Un proceso regulado y con criterios objetivos
Tanto el Colegio San Gabriel como otros centros que han recibido estas actuaciones fueron seleccionados mediante criterios "técnicos, transparentes y objetivos", ajustados a la regulación del propio programa, en marcha desde hace años y desarrollado por la Consejería de Educación. La iniciativa se ha consolidado en la comunidad gracias al incremento de recursos destinado a alumnado con mayores necesidades educativas.
Las entidades remarcan que los verdaderos beneficiarios son los alumnos y sus familias, ya que las actividades se desarrollan fuera del horario lectivo, no tienen coste y están abiertas a estudiantes procedentes tanto de centros públicos como concertados.
Escuelas Católicas y FSIE califican de "improcedente" interpretar estas adjudicaciones como un avance hacia la privatización, puesto que forman parte de un servicio público de refuerzo educativo prestado dentro de la propia red sostenida con fondos públicos. A su juicio, la cooperación entre administraciones y centros concertados "amplía recursos, mejora la atención al alumnado y optimiza la inversión pública".
Las organizaciones aprovechan también para defender el papel de la concertada en el medio rural, recordando que muchos centros carecen de servicios como transporte o comedor gratuito, por lo que estos programas suponen un apoyo adicional para garantizar la igualdad de oportunidades.
Un sector con peso en Castilla y León
Ambas entidades subrayan el impacto de la enseñanza concertada en la comunidad: representa cerca del 30 % de la escolarización, cuenta con 9.700 profesionales y alcanza a 98.000 estudiantes, generando además un ahorro de más de 5.800 millones de euros anuales al Estado, según sus propios cálculos.
Finalmente, Escuelas Católicas y FSIE CyL lamentan la difusión de informaciones "incorrectas" que, a su juicio, pueden generar confusión, y reiteran su disposición a colaborar con todas las organizaciones educativas para reforzar la transparencia y la calidad del sistema educativo en Castilla y León.








