El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha prorrogado seis meses la instrucción del caso Koldo ante "el muy significativo volumen de material intervenido" que queda aún por analizar y a expensas de los informes de la Guardia Civil que quedan por entregar y que afectan, entre otros, al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, y que pueden dar lugar a nuevas diligencias.

El juez acuerda en un auto esta prorroga, que tendrá efecto desde el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de marzo, publica EFE. 

Es la segunda que decreta el magistrado en la causa del caso Koldo que se instruye en el Supremo desde que se hiciera cargo de la parte que afecta a los aforados, principalmente el exministro José Luis Ábalos, y a los investigados conexos, su exasesor Koldo García o el comisionista Víctor de Aldama.

La prorroga se fundamenta en "el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro e intervenciones telefónicas" acordadas en su día por el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional y que todavía se está analizando por la UCO, lo que podría dar lugar "a la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación".

También el resultado de las diferentes testificales y periciales acordadas, añade el auto, pudieran dar lugar igualmente a la practica de nuevas diligencias, y el hecho de la reciente incorporación al procedimiento, en junio, de seis personas más, Cerdán y los empresarios presuntamente vinculados con mordidas a la trama, obligan a prorrogar la instrucción.

A este respecto, el juez apunta que deberá analizarse "el conjunto de expedientes administrativos relativos, al menos, al proceso de licitación y adjudicación de las obras" señaladas en el último informe de la UCO, del pasado 5 de junio.

Dicho informe, basado en los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024 -un total de 10 terabytes-, derivó en la práctica de una decena de entradas y registros en viviendas particulares, entre ellas la de Ábalos, y en sedes sociales, como la de Servinabar, en las que se intervinieron dispositivos y documentación que se está analizar, recoge EFE. 

Una vez que el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional de Cerdán, agentes de la UCO se dirigieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para acceder a su correo personal.

Ese mismo día, se personaron también en el Ministerio de Transportes para acceder a la cuenta de correo corporativa de Ábalos, y a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para acceder a los expedientes de obras "de cuya adjudicación indebida existían consistentes indicios".

El juez acordó también pedir a "múltiples entidades bancarias" información sobre cuentas vinculadas, entre otros a Cerdán, y a diversas personas jurídicas, de los que asimismo solicitó información a la Agencia Tributaria, para que la UCO pudiera elaborar un informe "comprensivo" sobre la situación patrimonial del exdirigente socialista.

El 10 de julio, y en relación a la investigación sobre Cerdán y las empresas presuntamente vinculadas a la trama, el juez pidió a la Agencia Tributaria y a la Hacienda Foral de Navarra diversa información acerca de distintas personas físicas y jurídicas, y requirió a la Tesorería General de la Seguridad Social distintos datos relativos también a diferentes personas físicas y jurídicas.

También acordó recabar información relativa a José Luis Ábalos Meco, tanto a la Secretaría General del Congreso de los Diputados como al PSOE.

Por último, y a petición de Cerdán, el juez ordenó la practica de un informe pericial sobre los audios intervenidos a Koldo García para determinar si pudieron ser manipulados, como sugiere la defensa del ex secretario de Organización del PSOE.