El pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobará este viernes las disolución de los consorcios del Desvío Ferroviario y Villalonquéjar, asumiendo los 204 millones de deuda, que renegociará con las entidades financieras, y la gestión de las parcelas, que recaerá en la sociedad de promoción PROBURGOS.

La comisión de Hacienda celebrada este lunes ha aprobado, con el apoyo de los tres grupos políticos municipales -PP, PSOE y Vox- disolver los consorcios, que se crearon hace dos décadas para gestionar el desvío del ferrocarril y la construcción de un bulevar en los terrenos liberados y dos ampliaciones del polígono industrial de Villalonquéjar.

La decisión tomada este lunes se ratificará en el pleno ordinario del viernes y será el primero de los pasos a dar para que el Ayuntamiento asuma en solitario, y con autonomía, la gestión tanto de la deuda como del suelo, una vez la otra entidad que forma parte del consorcio, la Fundación Caja de Burgos, también apruebe la disolución.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha explicado en una rueda de prensa conjunta de equipo de Gobierno (PP-Vox) y PSOE, que el próximo 27 de junio habrá reunión extraordinaria de los consejos de administración de ambos consorcios y, ahí, se llevará a cabo la disolución efectiva para elevarla a escritura pública.

Mientras, el consistorio aprobará en una próxima Comisión de Hacienda la amortización de 30 millones de la deuda adscrita a los consorcios, medida que se aprobará en el pleno ordinario del 19 de julio, y que permitirá ir reduciendo la carga financiera que asume actualmente el Ayuntamiento.

A los 204 millones de deuda se le suman alrededor de unos 7 millones de intereses anuales, una carga que se quiere reducir con una renegociación directa con las entidades financieras, algo que actualmente no se puede hacer y que limita la capacidad de acción del Ayuntamiento, también en cuanto a la venta de los terrenos.

Gestión directa y autónoma
Así lo ha recordado la alcaldesa, Cristina Ayala, quien ha insistido en que todas las ventajas que supusieron en su momento la creación de sendos consorcios se han evaporado y, actualmente, el Ayuntamiento tiene todas las dificultades pero ninguna de las facilidades.

Las ventajas en financiación directa, gestión bancaria o facilidades en enajenación se han convertido en un problema, ha asegurado, ante los cambios de la normativa, y ahora “no tiene ningún sentido seguir manteniendo los consorcios vivos”.

El responsable último de la deuda es, en cualquier caso, el consistorio, lo que varía es que a partir de ahora tendrá toda la capacidad para renegociar la deuda, lo que permitirá reducir intereses; también para marcar el ritmo de amortización y gestionar la venta del suelo, que queda tanto industrial como urbano y comercial.

Ayala ha indicado que, tras tomar la decisión, se han acelerado los trámites para que los consorcios estén disueltos de cara al 31 de julio, cuando hay que hacer frente a un pago de 7 millones de euros, de deuda e intereses, que ya asumirá el Ayuntamiento como titular único.

Para esta nueva etapa, la sociedad de promoción PROBURGOS contará con dos profesionales que gestionarán la actividad, dentro de la vicepresidencia de Infraestructuras, Vivienda y Suelo, junto con el área municipal de Urbanismo y con el apoyo, durante el tiempo de transición, de la Fundación Caja de Burgos.

Juan Manuel Manso ha indicado que, tras la disolución, el suelo se escriturará a nombre del Ayuntamiento, como propietario universal con todos los derechos y obligaciones, y los técnicos han ratificado que mantendrá su condición inicial, sin que se convierta todo en patrimonio municipal únicamente ligado a vivienda protegida.

Decisión histórica e inevitable
El vicelalcade, Fernando Martínez-Acitores (Vox), ha destacado que la decisión tomada este lunes es “histórica, pero necesaria e inevitable”, y ha valorado que se haya tomado, además de con el aval de los técnicos, con un acuerdo político.

Desde el PSOE, el portavoz y exalcalde, Daniel de la Rosa, ha apuntado que más allá de la oportunidad económica y política, tras la decisión existe un imperativo legal, puesto que Fundación Caja de Burgos había mostrado su intención de salirse de los consorcios y, sin la entidad, no se podían mantener.