El Arzobispado de Burgos asegura no tener intención de ejercer presión económica sobre las comunidades de religiosas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia). Recuerdan a estas comunidades que pueden informarles sobre sus necesidades específicas, tal como les comunicaron, por correo electrónico, su intención de contratar seguridad privada, solicitando que el Arzobispado cubra este gasto.

En un comunicado emitido el jueves por la noche, la comisión gestora designada por el comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta, respondió a la denuncia hecha por las religiosas en Instagram. En su publicación, las monjas solicitaron ayuda económica ante el "bloqueo" de sus cuentas, alegando no tener fondos para cubrir sus gastos ordinarios.

La comisión gestora recordó que el pasado jueves, cuando acudieron a Belorado con una notaria para entregarles los requerimientos -entrega de copia de llaves y citación ante el Tribunal Eclesiástico-, se les indicó que para cuestiones económicas podían contactar con la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.

"No han hecho uso de esta vía", subrayaron, señalando que el martes 11 de junio recibieron un correo electrónico del monasterio en el que las monjas informaban de su intención de contratar un servicio de seguridad privada "para protegerse y defenderse de los ataques contra la intimidad", solicitando que el coste sea asumido por el arzobispo.

"Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio", indicaba el comunicado, según la información proporcionada por el Arzobispado, que insistió en que "aquí sí reconocen -las religiosas- la autoridad del arzobispo y también se pide el pago del servicio", aunque no especificaron ni la empresa ni las condiciones del servicio.

Por ello, la comisión gestora destacó que "llama la atención que se pida dinero para este servicio pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos".

En el comunicado, donde rechazan y condenan cualquier falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio, insisten en que las monjas les informen de sus necesidades específicas para cubrir los gastos ordinarios de la comunidad, ya que "hasta el momento no lo han hecho".

Obstáculos por todas partes

Además, la comisión gestora señala que "siguen a la espera de que la comunidad realice algún gesto que permita el diálogo", asegurando que solo "las hermanas han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la comisión cumplan con el cometido para el que han sido nombrados".

Recuerdan que el nombramiento, hecho por la Santa Sede, ha convertido a Mario Iceta en el representante legal de los tres monasterios -Belorado, Orduña y Derio-, tanto en el ámbito canónico como en el civil, con la función de velar por la adecuada gestión de los movimientos financieros y los bienes muebles e inmuebles.

El Arzobispado de Burgos también defiende la actuación "absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente" de las entidades bancarias, en respuesta a las críticas de las religiosas que cuestionaron que le hayan dado el control de las cuentas a Iceta sin la suficiente prudencia.

"Se ha tenido acceso a las cuentas corrientes que ha sido posible identificar, ya que las hermanas no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas", lamentaron, garantizando que trabajan para evitar problemas de pago con quienes tienen derecho legítimo, en cuanto a suministros, nóminas, recibos y otros cargos.

Finalmente, el Arzobispado confirmó que las religiosas no han entregado la copia de las llaves de los monasterios "como legítimamente se les requirió", lo que consideran una muestra de "su voluntad de impedir al comisario pontificio la realización de su cometido".