Las monjas de Belorado ni darán llaves ni irán al Tribunal Eclesiástico, según Pía Unión

La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, bajo cuya tutela se han colocado las clarisas de Belorado y Orduña, ha acusado al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la comunidad religiosa mediante la excomunión y quedarse con los conventos. Han anunciado que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.

José Ceacero, miembro de la Pía Unión y portavoz de las monjas, declaró a EFE que las clarisas ya no reconocen la autoridad del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y no atenderán ninguno de los requerimientos formales del pasado 6 de junio.

"No van a entregar las llaves y menos con un requerimiento canónico", afirmó, en referencia a la solicitud de entregar una copia de las llaves a Iceta, comisario pontificio con plenos poderes administrativos, patrimoniales y religiosos sobre la comunidad, según el Arzobispado.

Ceacero recordó que el Manifiesto Católico y la posterior carta pública comunicaron la salida de las monjas de la Iglesia católica, lo que demuestra que "ya no reconocen la autoridad del arzobispo" y no se someterán a ella. Por lo tanto, tampoco atenderán el requerimiento para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para ratificar o retractar lo que el Código de Derecho Canónico considera un delito de cisma, que conllevaría la excomunión.

Para Ceacero, Iceta intenta imponer el Derecho Canónico sobre el Civil como medio para quedarse con los monasterios, los cuales pertenecen a la entidad jurídica de la comunidad de religiosas y no a la Iglesia católica. "Tiene que hacer valer el derecho canónico y, lo primero, es quitarse de en medio a la abadesa. Lo segundo, interrogar una por una a las monjas para que se ratifiquen en su posición y excomulgarlas una por una" porque no cabe una excomunión en grupo, explicó.

Según Ceacero, llegado a ese punto, el arzobispo podría disolver la comunidad mediante el Derecho Canónico, y sus bienes pasarían a la Federación de Clarisas, lo cual califica de "trama inmobiliaria" que no respeta el derecho de libre asociación de las religiosas.