El Arzobispado de Burgos ha rechazado categóricamente las acusaciones de haber "usurpado" las cuentas de la comunidad de clarisas en Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia). Según el Arzobispado, el dinero permanece en las cuentas y se entregará a las religiosas cuando lo soliciten. Asimismo, han aclarado que los requerimientos para que se presenten ante el Tribunal Eclesiástico tienen plazos de diez y quince días.

Fuentes del Arzobispado han explicado a EFE que las cuentas de las clarisas están "tuteladas", una función que corresponde al arzobispo Mario Iceta como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, y que incluye la administración del monasterio. Insisten en que no se les ha robado el dinero, el cual sigue en las cuentas y se continúa utilizando para pagar nóminas y domiciliaciones. Además, aseguran que las monjas pueden solicitar recursos a través de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.

El jueves 6 de junio, una comisión delegada visitó el monasterio de Belorado, acompañada por una notaria, la única persona que recibió la comunidad religiosa. La notaria entregó las comunicaciones y los requerimientos oficiales, incluyendo uno que exigía a las monjas entregar una copia de las llaves del monasterio en dos días hábiles para que Iceta, como comisario pontificio, tuviera acceso. Este requerimiento no implica que deban abandonar el convento.

El plazo para entregar las llaves finaliza este lunes, han recordado las fuentes, insistiendo en que mañana "será tarde". Señalan que la copia puede ser entregada en la notaría o directamente al Arzobispado.

Diez monjas requeridas ante el Tribunal Eclesiástico

Las religiosas han recibido requerimientos para responder a una acusación de cisma, que afecta a diez de las quince monjas de Belorado. Cinco monjas mayores han sido excluidas del proceso. Las demás deberán declarar si ratifican su salida de la Iglesia católica, anunciada el 13 de mayo en una carta pública y el Manifiesto Católico, o si se retractan. El Arzobispado insiste en que la excomunión no puede ser grupal, sino individual.

Tres de las religiosas, quienes han denunciado a Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho de libre asociación, tienen diez días naturales para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico; el resto tiene 15 días. Los plazos comenzaron el viernes 7 de junio, concluyendo el 16 y el 21 de junio respectivamente. El Arzobispado preferiría que se presenten presencialmente para garantizar su libertad en la manifestación de su parecer, aunque las monjas consideran que ya han expresado todo lo necesario.

Excomunión automática

En publicaciones en Instagram, las monjas han afirmado que han sido "claras" en sus manifestaciones: el Manifiesto Católico, la carta pública, su petición de tutela a la Pía Unión Apostólica fundada por el excomulgado Pablo de Rojas, y sus declaraciones en redes sociales, vídeos y fotografías. Creen que esto debería excluirlas del Derecho Canónico, pero el Arzobispado considera que constituye un delito de cisma, con la pena de excomunión. Si no se retractan, el decreto de excomunión será firmado por Mario Iceta.

El Arzobispado ha expresado su "cierta pena" por la situación, afirmando que siempre han buscado resolver el conflicto con "diálogo y cordialidad". La denuncia interpuesta por las religiosas, que aún no ha sido recibida por el Arzobispado, acabará en los tribunales. No obstante, De Rojas y el falso cura José Ceacero han recibido un burofax el 31 de mayo exhortándolos a abandonar el monasterio de Belorado, donde continúan acompañando a las religiosas.