Una vez que el alcalde, Javier Lacalle, ha contestado a las tres pregunas emitidas por el Grupo Municipal Socialista, la formación encabezada por Daniel De la Rosa ha dado un paso al frente y ha anunciado una serie de condiciones para dar su apoyo a la reestructuración de la deuda del Consorcio de Villalonquéjar.

Esta decisión no viene, sin embargo, porque las respuestas de Lacalle hayan convencido al PSOE, ya que tal y como ha destacado De la Rosa, "no pudieron ser más decepcionantes", ya que no contestó a ninguna de ellas de manera clara. Sino porque, ha recalcado, los burgaleses no se merecen pagar por las decisiones de "un alcalde tan nefasto".

La primera de estas condiciones para dar su apoyo a la propuesta del Equipo de Gobierno es que se recalifique la deuda dentro del sector de entidades no financieras, ya en la actualidad se encuentra dentro de las Administraciones Públicas, lo que significa que la deuda se computa en su totalidad como municipal. 

Según ha apuntado el concejal socialista, Antonio Fernández Santos, la clave sería conseguir un acuerdo similar al del Desvío en el que la deuda sostenible, que es de unos 80 millones de euros, no le compute al Ayuntamiento de Burgos. En el caso de que no se califique como sector no financiero antes de 2019, el alcalde debería dimitir de su cargo, según solicitan desde el PSOE. 

Por otro lado, solicitan que en una de las cláusulas para que se vuelvan a negociar las condiciones de la deuda en caso de que el plan de ventas previsto varíe a la baja, de manera que se actualicen las condiciones en función del mercado.  

La tecera propuesta ya ha sido puesta sobre la mesa por el Grupo Ciudadanos y no ha sido vista con malos ojos por las entidades financieras: la adaptación de los Estatutos del Consorcio. Ésta se realizará, apunta la concejala Nuria Barrio, "de acuerdo con los entes consorciados actualmente". 

En último lugar, el Grupo Municipal Socialista pide que no se apliquen intereses de demora sobre la actual deuda que mantiene el Consorcio con las Entidades bancarias acreedoras, algo que sí se está produciendo en estos momentos. “Ponemos estas condiciones porque no se puede dar un cheque en blanco a aquellos que en 2014 metieron en un lío al Ayuntamiento", ha concluido Antonio Fernández Santos.