El hombre detenido en marzo de 2024 en Burgos con más de 60 kilos de material pirotécnico y explosivo almacenado en un garaje aseguró este lunes ante la Audiencia Provincial que su única intención era realizar pruebas de colores para fuegos artificiales, ya que pretendía retomar su trabajo en una pirotecnia de Valencia de cara a las Fallas. El acusado, para el que la Fiscalía solicita seis años de prisión por tenencia de explosivos y otros ocho años y medio por tráfico de drogas, defendió que había trabajado previamente en varias pirotecnias de España y negó cualquier finalidad violenta.

Durante la vista oral, dos peritos del grupo Tedax de la Guardia Civil y el agente que dirigió la investigación explicaron que el material se encontraba en un altillo de un garaje comunitario, situado bajo un edificio de nueve plantas, sin medidas mínimas de seguridad. Según detallaron, el lugar era húmedo, carecía de ventilación y existía un riesgo real de detonación accidental, ya que "cualquier chispa, incluso de electricidad estática", podría haber provocado una explosión con consecuencias muy graves para vecinos y usuarios del garaje.

Entre los efectos incautados figuraban dos kilos de una mezcla equivalente a pólvora negra, decenas de metros de mecha —ambos considerados explosivos— y diversas sustancias destinadas a la fabricación de material pirotécnico. Parte de estos productos habían sido adquiridos en establecimientos de Burgos y otros importados de Alemania y Polonia a través de compras por internet. La Fiscalía subrayó que, al margen de la cantidad o de la finalidad alegada, la mera tenencia de este tipo de material ya constituye delito.

La investigación también destapó un importante alijo de drogas. El acusado fue detenido cuando viajaba en coche hacia Valencia con seis kilos de ‘speed’, a los que se sumaron otros doce kilos hallados posteriormente en su vivienda y en el propio garaje. Pese a ello, el procesado sostuvo que los 18 kilos de droga eran para autoconsumo, afirmación que reiteró ante el tribunal. La fiscal, por el contrario, considera acreditado un delito de tráfico de drogas peligrosas, por el que solicita ocho años de prisión y una multa de 800.000 euros, equivalente al valor de los estupefacientes incautados.