El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.

El texto, primera ley integral sobre esta cuestión, define la violencia vicaria como "aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes", personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima, publica EFE. 

Introduce en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión de seis meses a tres años, y también incluye la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro 'El odio'.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley vuelve a poner a España "a la vanguardia de las políticas de defensa de la igualdad" cuando la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad. 

Una ley pionera en el mundo 

La futura ley contra la violencia vicaria que impulsa España será pionera en el mundo dado que los pocos países que prestan atención a esta cuestión han optado por un paraguas de protección distinto, ya sean protocolos, medidas preventivas, códigos penales o leyes que regulan de modo genérico la violencia machista.

En 2004, España ya fue referente mundial con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia, a partir de entonces denominada de Género, una de las promesas electorales del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta nueva iniciativa del Ejecutivo español coincide en el tiempo con el esfuerzo de varios países latinoamericanos para evitar el daño a los hijos e hijas menores. Hace ahora un año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su primer discurso público una serie de reformas para garantizar la igualdad, como impulsar la Ley Olimpia de violencia digital contra mujeres y la Ley de Violencia Vicaria para proteger a hijos.

Antes, el Senado mexicano modificó en 2023 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia, el Código Civil y el Código Penal Federal, con el fin de establecer penas de hasta cinco años por violencia vicaria.

El mismo año, el Congreso colombiano incorporó la violencia vicaria en su ordenamiento jurídico a través de la modificación de la ley 1257 sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, vinculándola a este marco jurídico y estableciendo medidas para su prevención y atención.

En Chile, la Ley 19.968 y la Ley 20.066 establecen la violencia intrafamiliar como causal para suspender la relación entre el padre y sus hijos e hijas menores, cuando haya antecedentes de violencia contra la madre.

También Argentina actualizó hace dos años la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incluyendo la vicaria.

En Ecuador hay dos proyectos pero, de momento, ninguno ha prosperado. Uno de ellos es el que impulsa Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien asegura ser víctima de esta realidad y acusa al mandatario de "usar como objeto" a la hija que tienen en común para causarle "dolor".

El proyecto de la exesposa de Noboa fue presentado en 2024 por la asambleísta correísta Gissela Garzón y existe otro anterior registrado en 2022 que no ha sido tratado en ninguna comisión parlamentaria.

En cuanto al continente europeo, la violencia vicaria no está explicitada como tal y se penaliza en leyes de protección a la infancia, códigos penales o el Derecho de familia para la suspensión de la custodia o visitas, entre otros instrumentos jurídicos.

Las directivas europeas exigen la protección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la ejercida a través de terceros, pero no menciona aún de forma expresa la vicaria.

Este fenómeno, muchas veces invisibilizado, se reconoce en la Unión Europea bajo el paraguas de "violencia doméstica o de género" y se aborda mediante protocolos específicos (en procedimientos de familia, servicios sociales y justicia), pero no suele estar tipificada de manera individual ni explícita.