El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Juan José González Rivas pidió hoy en Burgos a los responsables políticos "respeto" a la institución judicial porque, dijo, "si no se respeta a los órganos judiciales en un estado democrático de derecho y son objeto de crítica sin conocer la enorme formación y preparación de jueces y tribunales, difícilmente podremos colaborar a la fundamentación de nuestro Estado de Derecho".

De esta forma, contestó a una de las preguntas sobre la aplicación de la conocida como ley del 'Solo sí es sí' que le fueron formuladas durante su intervención en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en el marco de un desayuno de trabajo con el presidente del Alto Tribunal en la Comunidad, José Luis Concepción, quienes dialogaron sobre la importancia de la Justicia Constitucional.

En este contexto, en alusión a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces por las rebajas de las penas a agresores sexuales que se están produciendo en aplicación de la citada ley, que disminuye algunos tipos delictivos, González Rivas sostuvo que "los responsables políticos deben respetar los órganos judiciales".

"Si hay solidez y fundamentación en las valoraciones, éstas se caracterizan por el respeto y veo con preocupación que un colectivo tan profesional, tan dedicado a su labor diaria, a su entrega constante, genéricamente haya sido objeto de cierta reflexión no suficientemente válida", manifestó. A lo que agregó que "para conocer la labor válida de nuestros jueces y magistrados hay que ser conscientes de la labor diaria que realizan, del número de asuntos que resuelven, de la dedicación enorme y sentido de Estado que poseen, de la enorme preparación que desarrollan, sobre todo, en los centros de formación y en las escuelas judiciales".

En este sentido, puso el ejemplo de que para acceder a determinadas pruebas restringidas en el ámbito judicial, condición 'sine qua no' es "precisamente asistir a los cursos de formación que imparte el Consejo para la expedición de los certificados correspondientes" porque "sin estas certificaciones no se expiden, no pueden participar en un sistema de promoción".

Por ello, se preguntó: "¿Qué sistema europeo tiene garantizadas esas situaciones frente al sistema español que desde el primer momento se ha preocupado de formar a nuestros jueces y magistrados?". "Durante más de 12 años que desarrollé la función (de 1982 a 1993) en la Escuela Judicial, la última expresión que yo decía a todos los jueces y magistrados era: formaros en la aplicación del derecho", relató.

"El derecho es un mundo muy complejo, es un mundo que se transforma", dijo, tras recordar que el jurista y político alemán, Julius Hermann von Kirchmann, decía cuando hablaba de la jurisprudencia que ésta "no es ciencia" y lo decía en el siglo XIX. "Si la legislación es una legislación motorizada, es decir, los cambios normativos de nuestro sistema jurídico impone que nuestros jueces y tribunales tendrán una formación constante y que desarrollarán cursos de formación continua". Por consiguiente, aseguró que "nuestros jueces y tribunales están formados no solo por su preparación para acceso sino también en los periodos en que desarrollan los cursos de formación constantes ante las distintas realidades sociales".

Fiscalía, colaborador pero no órgano resolutivo

En cuanto a si la postura de la Fiscalía puede frenar la reducción de penas y si resolverán las revisiones del Tribunal Supremo las disfunciones de creadas por la ley, el expresidente del TC consideró que "estas situaciones que se están produciendo respecto de situaciones normativas de las que se viene haciendo un uso estos últimos días, vienen condicionadas por que tendrán que ser resueltos caso por caso, en función de unas circunstancias, y esas circunstancias son las que propiciarán que en un orden de interpretación judicial, la última instancia que es el Tribunal Supremo y concretamente la Sala Segunda, trate de dar respuesta a cada circunstancia concreta".

Así, indicó que la misión esencial del Ministerio Fiscal es "ser parte en el proceso, defender los derechos fundamentales, defender la legalidad" y destacó que "le convierte en un colaborador esencial con el órgano judicial" pero precisó que "no le convierte en el órgano resolutivo final de este importante y problemática situación en que se encuentra la configuración normativa".

Asimismo, insistió en el "respeto" a jueces y magistrados del Tribunal Supremo porque "con su dedicación y su esfuerzo desarrollan un papel esencial en nuestro Estado de Derecho" y sostuvo que "de la interpretación de las normas y de su aplicación con arreglo a los principios y valores constitucionales depende el fortalecimiento de nuestro sistema democrático".

Renovación del Tribunal Constitucional

Otra de las cuestiones que se abordaron fue la renovación del Tribunal Constitucional (TC), que sigue encallada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la última reunión de los cuatro vocales encargados de consensuar los nombramientos de dos magistrados de la institución. Esta renovación por tercios del TC son cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, y los cuatro restantes -aún por designar- le corresponden dos al CGPJ y otros dos al Gobierno.

Esta renovación del TC está pendiente desde hace cinco meses, expresó su "respeto" en cuanto a la necesidad de ser "muy respetuoso con la situación existente", al tiempo que manifestó que "cree que la voluntad de renovación se impone esencialmente en los órganos constitucionales", en respuesta a la posibilidad de que el Gobierno designe los dos suyos si el CGPJ no lo hace.

Asimismo, el expresidente del TC contestó a varias preguntas relacionadas con la renovación del CGPJ y abogó por "evitar el riesgo de excesiva politización y de fomentar la independencia judicial", como recoge el informe de la Comisión Europea que, en definitiva exige, dijo, "participar en unos estándares europeos que todos han puesto de manifiesto y especialmente la visita del consejero de Justicia de la Unión Europea". "No me gustan los bloqueos y las instituciones se tienen que renovar", exclamó, porque "lo deseable es que las instituciones no se anquilosen".

Finalmente, se refirió a la polémica reforma del delito de sedición para convertirlo en desórdenes públicos agravados, que llega hoy al Congreso de los Diputados: "Desconozco los términos en los que se va a aprobar definitivamente la transformación del delito de sedición en desórdenes públicos" por lo que apeló "a que sea aprobada", al tiempo que subrayó también desconocimiento "por que no se ha producido todavía" en cuanto a que "hay una proposición de ley modificativa sobre el alcance y contenido del delito de sedición".