Las organizaciones que integran a la cadena de valor de la alimentación y el gran consumo han trasladado a las consejerías de Sanidad, Empleo e Industria y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural su preocupación por la situación generada por la gestión de las bajas laborales en la actual ola de contagios por Covid y, además, reclaman medidas que eviten que la falta de personal afecte al correcto funcionamiento del sistema productivo.

El incremento de las bajas de trabajadores registradas en las empresas del sector supone un gran problema administrativo ante las dificultades que estos encuentran para obtener el alta médica, debido a la congestión que sufre la atención primaria. Se calcula que 1 de cada 7 de los trabajadores que está de baja en este momento podría reincorporarse de inmediato, pero no lo hacen al no conseguir la autorización médica.

La cadena alimentaria en Castilla y León está viendo como sus cifras de bajas laborales aumentan a diario, situación que está complicando enormemente la gestión de las empresas. Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el Covid, la cadena de valor de la alimentación y el gran consumo ha dado un ejemplo de servicio a los ciudadanos y ha permitido que, en los momentos más duros del confinamiento, no se produjera ningún problema de abastecimiento a la población. A ello contribuyó decisivamente la consideración del sector como esencial en los primeros estados de alarma.

Para garantizar este servicio esencial a la ciudadanía, la mayoría de los trabajadores tiene que desempeñar su actividad “presencialmente”, no pudiendo teletrabajar ni ser sustituidos por otros medios. Por ello, en las circunstancias actuales, el funcionamiento de las operaciones en los centros de trabajo -especialmente en los establecimientos abiertos al público y en las plataformas logísticas- se están complicando extraordinariamente y, por eso, consideran que se deberían adoptar medidas a la mayor brevedad posible que permitan que los trabajadores afectados se reincorporen con la máxima agilidad posible a sus centros de trabajo, y a las empresas poder planificar mejor la gestión de las plantillas, en estricto cumplimiento del criterio que determinen las autoridades sanitarias.