Una partida de 76 canales de ganado ovino que llevaba almacenada desde enero de 2020 estuvo a punto de regresar al circuito comercial pese a que su destino legal debía ser la destrucción. La Guardia Civil ha desmantelado en Burgos la presunta trama que habría intentado poner de nuevo en circulación esta mercancía y ha puesto a disposición judicial a cinco personas y tres empresas.

La operación, bautizada como ‘Médula’, se inició cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Burgos detectaron la llegada de las canales a una empresa cárnica de la provincia. La investigación se desarrolló junto a las autoridades sanitarias de Castilla y León.

El problema no se limitaba a la antigüedad de la mercancía. Las piezas conservaban la médula espinal, por lo que estaban clasificadas como Material Específico de Riesgo (MER) de categoría 1. Este tipo de material debe someterse a un tratamiento y control específico debido al riesgo asociado a los priones, proteínas anómalas relacionadas con determinadas enfermedades neurodegenerativas.

Por ello, las canales no podían destinarse al consumo ni aprovecharse comercialmente. Su único destino permitido era la destrucción.

Un rechazo en Alemania cambió el recorrido de la mercancía

Las pesquisas de la Guardia Civil sitúan el origen de la operación en el envío de las canales a una empresa alemana dedicada a la alimentación de mascotas. La compañía rechazó la mercancía al considerar que no cumplía los requisitos sanitarios establecidos.

Las piezas regresaron entonces a España. Según la investigación, fue en ese momento cuando los implicados habrían intentado evitar que terminaran en una planta de destrucción.

La mercancía habría sido trasladada a una planta de despiece, donde se modificó su presentación con la presunta intención de ocultar su verdadera naturaleza y facilitar su posterior salida al mercado.

Los investigadores consideran que no se trataba de una actuación puntual. La operación permitió detectar que los implicados ya habían gestionado anteriormente otras partidas de características similares, siguiendo un procedimiento que habría permitido dar salida a productos congelados durante largos periodos y cuya aptitud para cualquier uso había caducado en 2022.

Una investigación con conexiones fuera de España

La Guardia Civil apunta a una actuación coordinada entre los investigados para obtener un beneficio económico mediante la comercialización de productos que no podían volver al circuito alimentario.

Entre los cinco investigados se encuentra un ciudadano de nacionalidad neerlandesa, un elemento que, según los investigadores, refuerza el posible carácter transnacional de la actividad y abre la puerta a conexiones con otros países de la Unión Europea.

Los cinco individuos, de entre 38 y 60 años, y las tres personas jurídicas investigadas fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Burgos junto con las diligencias practicadas durante la operación.