La Ley que gravará los residuos generados por el desmantelamiento de la Central Nuclear de Garoña ha pasado su primer filtro en las Cortes de Castilla y León después de que el PP haya votado en contra de una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que contó con el respaldo de Ciudadanos y la abstención de Podemos y UPL.

De este modo, esta norma, que deberá ahora seguir su trámite con la presentación de enmiendas parciales, prevé generar un nuevo impuesto por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña, una medida con la que la Junta prevé recaudar 10 millones de euros que ya se incluyeron en el presupuesto de 2018.

El proyecto de Ley presentado por la Junta modifica la normativa vigente sobre el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para gravar el daño medioambiental por el almacenamiento temporal de residuos en plantas nucleares con el principal objetivo de "minimizar" al máximo el tiempo durante el que estarán depositadas en territorio de Castilla y León las barras de combustible nuclear gastado procedentes del desmantelamiento del reactor de Santa María de Garoña, con sede en Burgos.

Este texto legislativo que recoge de manera expresa la obligación de dedicar los ingresos procedentes de este gravamen a programas de gasto de inversión en la zona de influencia de la central nuclear burgalesa. Además, Castilla y León ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado que, en el caso de Garoña, se traducirá en esa recaudación estimada de 10 millones de euros anuales.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el encargado de exponer ante la Cámara la finalidad de este gravamen ante la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien se encuentra en Bruselas para acompañar al Comité de Empresa de Vestas.

Esta situación ha provocado la ironía del procurador socialista José Francisco Martín, quien ha asegurado que Del Olmo no quería defender este tributo porque sabe que "es muy malo" a pesar de que "lo ha hecho ella". Para el procurador socialista este tributo no es más que el resultado de una "pataleta" del PSOE después de haberse quedado "con el culo al aire" con su defensa al mantenimiento de la central.

LA JUTA RECUERA AL GOBIERNO SU RESPONSABILIDAD CON GAROÑA

Por otro lado Fernández Carriedo ha recordado al Gobierno de la nación su responsabilidad para reindustrializar el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña ya que, entre otras cosas, fue el Ejecutivo central el que tomó la decisión del cierre definitivo del reactor.

"Así se lo hemos venido exigiendo desde entonces, tanto al anterior Gobierno de España como al actual", ha defendido el consejero de Empleo al inicio de su intervención en el Pleno de las Cortes en el debate a la totalidad del proyecto de Ley por el que se establece la tributación sobre los residuos nucleares donde ha tomado la palabra en sustitución de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que se encuentra en Bruselas junto a la delegación castellanoleonesa en defensa de los intereses de la Comunidad tras el anuncio de cierre de Vestas en Villadangos.