Castilla y León ha cerrado la primera mitad de 2026 con un déficit de 932 millones de euros, una cifra que representa el 1,13% de su Producto Interior Bruto (PIB). El dato supone una ligera mejora respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el desfase de las cuentas autonómicas alcanzó los 1.000 millones y equivalía al 1,24% del PIB.

La fotografía ofrecida por el Ministerio de Hacienda muestra, en todo caso, un escenario de mayor desequilibrio para el conjunto de las comunidades. Entre enero y junio, las autonomías acumularon un déficit de 17.287 millones de euros, frente a los 15.588 millones contabilizados un año antes. En términos relativos, el saldo negativo pasó del 0,92% al 0,97% del PIB, lo que supone un incremento interanual del 10,9%.

Castilla y León se sitúa así en una posición intermedia dentro del mapa autonómico. Lejos de los mayores desfases registrados durante el semestre, pero también de las comunidades que consiguieron mantener sus cuentas por debajo del 1% del PIB.

El caso más singular es el del País Vasco, única comunidad que terminó junio con saldo positivo. Su superávit fue, no obstante, muy reducido: 9 millones de euros, equivalentes al 0,01% de su PIB. Un año antes, el excedente vasco era considerablemente mayor, con 239 millones y un 0,25% del PIB.

En el extremo contrario aparece Canarias, que presenta el mayor déficit en relación con el tamaño de su economía, con un 1,93% del PIB. Le siguen Extremadura, con el 1,79%, y Baleares, con el 1,78%. También hay diferencias importantes entre territorios con déficit. Navarra registra el menor desfase, con un 0,48% del PIB, seguida de Madrid (0,83%), Cataluña (0,86%), Asturias (0,87%) y Andalucía (0,99%). Castilla y León, con su 1,13%, queda por encima de ese grupo.

Los gastos avanzan más que los ingresos

El comportamiento de las cuentas autonómicas se explica en buena medida por la diferencia entre la evolución de los ingresos y la de los gastos. Hasta junio, las comunidades incrementaron sus gastos no financieros un 8,1%, hasta alcanzar los 139.307 millones de euros.

Los ingresos también crecieron, aunque a un ritmo ligeramente inferior. En concreto, aumentaron un 7,8%, hasta los 122.020 millones.

La recaudación tributaria aportó 46.113 millones, un 7,4% más que un año antes, y representa aproximadamente el 38% de todos los ingresos autonómicos. Dentro de esta partida destaca el comportamiento de los impuestos sobre la producción y las importaciones, que generaron 11.996 millones, un 6,8% más. Una parte importante de ese incremento procede del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), cuya recaudación aumentó un 8,7%, hasta los 7.281 millones.

Por su parte, los impuestos vinculados a la renta y el patrimonio aportaron 32.378 millones, un 7,2% más. De esa cantidad, 31.132 millones corresponden a las entregas a cuenta efectuadas por el Estado, que crecieron un 6,7%.

Otro de los elementos que explican la evolución de los ingresos autonómicos es el aumento de las transferencias procedentes de otras Administraciones Públicas. En los seis primeros meses del año alcanzaron los 65.233 millones de euros, un 9,2% más que en el mismo periodo de 2025. El Estado transfirió 55.461 millones a las comunidades, un 10,6% más. De ellos, 43.102 millones corresponden a entregas a cuenta y otros 4.414 millones a anticipos vinculados al sistema de financiación autonómica.

Especialmente significativo es el crecimiento de las transferencias recibidas al margen de ese sistema, que aumentaron un 49,1%, hasta los 7.945 millones. Hacienda atribuye buena parte de este avance a la transferencia de la recaudación correspondiente a 2025 del impuesto aplicado al margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, que supuso 1.413 millones. El resto de recursos ingresados por las comunidades alcanzó los 10.450 millones, con un crecimiento más moderado, del 1%.

El déficit público también aumenta

El deterioro de las cuentas autonómicas se enmarca en una evolución más amplia de las Administraciones Públicas. Sin contar a las corporaciones locales, el déficit acumulado por el conjunto de las administraciones españolas durante los seis primeros meses de 2026 ascendió a 33.668 millones de euros. La cifra es un 6,4% superior a la registrada en el primer semestre de 2025 y equivale al 1,89% del PIB.

Así, aunque Castilla y León consigue reducir ligeramente su desfase respecto al año pasado, el balance general de las comunidades refleja una presión creciente sobre las cuentas públicas, con un gasto que durante la primera mitad del año ha avanzado a mayor velocidad que los ingresos.