Castilla y León quiere que su modelo de gestión cinegética tenga mayor presencia fuera de sus fronteras. La Comunidad ha formalizado su incorporación al Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC) durante una reunión de su Comité Ejecutivo celebrada en el Monasterio de San Pelayo, en Cevico Navero (Palencia).

La adhesión, realizada junto a Aragón y Extremadura, permitirá a Castilla y León participar directamente en un organismo internacional especializado en conservación y aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre. El CIC cuenta además con consideración diplomática, colabora con organismos como la UICN y es la única asociación cinegética reconocida como observador ante Naciones Unidas.

Para la Junta, el objetivo va más allá de la presencia institucional. Se trata de dar visibilidad al modelo cinegético de la Comunidad y defender ante las instituciones europeas el papel de la caza regulada como herramienta de gestión de la fauna y de apoyo al medio rural.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, defendió durante el encuentro la necesidad de superar el enfrentamiento entre conservación y actividad humana. A su juicio, la gestión del territorio debe contar con quienes trabajan y conocen el medio de forma directa.

Un territorio donde la caza ocupa más del 88%

La dimensión de la actividad explica buena parte de la estrategia de la Junta. La caza se desarrolla en más del 88 % de la superficie de Castilla y León, repartida entre aproximadamente 5.500 cotos y diez Reservas Regionales de Caza.

Además de su dimensión ambiental, el sector tiene un peso económico especialmente relevante en numerosas zonas rurales. La actividad genera ingresos para alojamientos, restaurantes, empresas de servicios y profesionales vinculados al territorio y contribuye al mantenimiento de empleo en municipios donde las alternativas económicas son más limitadas.

Por este motivo, la Junta pretende reforzar el papel de las Reservas Regionales de Caza, que considera una de las principales herramientas para ordenar los aprovechamientos y realizar un seguimiento técnico de las poblaciones animales.

El Ejecutivo autonómico sostiene que estos espacios demuestran que conservar también implica gestionar, mediante planificación, vigilancia, conocimiento técnico y presencia continuada sobre el terreno.

La Consejería también quiere mejorar la percepción social de la actividad y poner en valor el trabajo que durante todo el año realizan cazadores, guardas, gestores, titulares de cotos y propietarios. La estrategia de la Junta incluye además cambios destinados a simplificar determinados procedimientos y facilitar la gestión cinegética.

Entre las primeras medidas anunciadas figura la modificación del sistema de precinto digital, que pasará a tener carácter voluntario, así como la autorización del uso de visores térmicos nocturnos en determinadas modalidades de caza mayor.

Según la Consejería, estas herramientas pueden contribuir a controlar determinadas poblaciones, prevenir riesgos sanitarios, reducir los daños ocasionados por la fauna en explotaciones agrícolas y disminuir determinados problemas de seguridad vial. La Junta considera especialmente importante actuar en aquellas zonas donde la elevada densidad de determinadas especies provoca daños recurrentes en cultivos, pastos o infraestructuras.

El planteamiento del Gobierno autonómico pasa por reducir cargas administrativas sin rebajar las exigencias de conservación ni el cumplimiento de la normativa. El objetivo, según Pino, es proporcionar más seguridad jurídica y herramientas prácticas para quienes gestionan la actividad sobre el terreno.

Mirada al medio rural

La incorporación al CIC se enmarca así en una política más amplia con la que Castilla y León pretende reforzar el papel de la caza dentro de la gestión del territorio.

La Junta mantendrá una interlocución permanente con federaciones, organizaciones cinegéticas, titulares de cotos, propietarios y profesionales para incorporar su experiencia a las decisiones públicas.

La intención es que la actividad cinegética no se valore únicamente desde la perspectiva deportiva, sino también por su contribución a la gestión de la fauna, la prevención de daños, la generación de actividad económica y la fijación de población en los pueblos.