Las imágenes de Ceuta vuelven a recordarnos una realidad que España conoce desde hace décadas, pero que sigue afrontando con una mezcla de improvisación, cortoplacismo y enfrentamiento político. Cada nueva crisis migratoria parece sorprender a las administraciones, como si no existieran precedentes ni experiencias acumuladas de las que aprender. Y, sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es que la presión migratoria aumente periódicamente, sino que la respuesta institucional siga siendo tan errática como previsible.

La llegada de centenares de personas a Ceuta, entre ellas numerosos menores no acompañados, ha reabierto un debate que nunca debió cerrarse: cómo responder de forma coordinada, solidaria y eficaz a un fenómeno estructural. Porque la inmigración irregular no desaparecerá por decreto, ni por declaraciones grandilocuentes, ni por la simple elevación del tono político. Requiere planificación, cooperación internacional, recursos suficientes y, sobre todo, un Estado que funcione como tal.

Lo sucedido en los últimos días vuelve a poner de manifiesto una preocupante descoordinación entre administraciones y entre los propios departamentos del Gobierno central. Mientras unos ministerios lanzan mensajes de tranquilidad, otros anuncian medidas de urgencia; mientras se negocian repartos de menores entre comunidades autónomas, la sensación que percibe la ciudadanía es que cada institución actúa siguiendo su propia hoja de ruta. En una cuestión de esta trascendencia, la improvisación tiene un coste político, pero también humano.

El reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas ha terminado convirtiéndose, una vez más, en un motivo de confrontación partidista. Castilla y León no permanece ajena a ese debate. El Gobierno autonómico, sustentado por la coalición entre Partido Popular y Vox, vuelve a enfrentarse a una cuestión que pone a prueba la cohesión del Ejecutivo en una cuestión con profundas diferencias entre sus socios.

Es legítimo que existan posiciones distintas sobre la política migratoria. Lo que resulta difícil de justificar es que el interés de los menores termine subordinado a la estrategia política del momento. Porque hablamos de niños y adolescentes que, con independencia de cómo hayan llegado hasta nuestro país, merecen una atención digna conforme a la legislación nacional e internacional. Y también hablamos de comunidades autónomas que necesitan certezas jurídicas y financiación suficiente para poder prestar esa atención sin poner en riesgo otros servicios públicos.

A ello se suma otro elemento que tampoco ha pasado desapercibido fuera de nuestras fronteras. Diversos medios internacionales han puesto el foco en las vacaciones del presidente del Gobierno en plena crisis migratoria. Naturalmente, cualquier responsable público tiene derecho al descanso. No se discute ese derecho, sino la oportunidad política y el mensaje que se transmite en momentos especialmente delicados. El liderazgo institucional también se ejerce desde el simbolismo, especialmente cuando la ciudadanía percibe incertidumbre y demanda una dirección clara.

España necesita una política migratoria de Estado que sobreviva a los ciclos electorales y a las disputas partidistas. Necesita reforzar el control de las fronteras, combatir las mafias que trafican con personas, agilizar los procedimientos administrativos y garantizar una acogida ordenada y humanitaria de quienes, especialmente siendo menores, requieren protección. Pero también necesita que quienes gobiernan, en Madrid y en las comunidades autónomas, abandonen la tentación de convertir cada episodio migratorio en un arma arrojadiza.

Castilla y León puede verse obligada a asumir nuevas responsabilidades en esta materia. Lo hará, previsiblemente, como tantas otras veces, con la profesionalidad de sus servicios sociales y de las entidades que trabajan sobre el terreno. Pero esa capacidad de respuesta no debería servir de coartada para que el Estado continúe improvisando.

Las crisis no se gestionan cuando estallan; se preparan mucho antes. Y si cada verano volvemos a comprobar que el sistema responde tarde, mal y dividido, quizá el verdadero problema no sea la presión migratoria, sino la incapacidad política para anticiparse a ella.