La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra ha dado un nuevo giro procesal. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rectificado parcialmente su decisión inicial y ha acordado admitir parte del incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al comprobar que algunas de las resoluciones impugnadas sí fueron recurridas dentro del plazo legal.

En un primer momento, el juez había rechazado íntegramente la petición al considerar que se había presentado fuera de tiempo. Sin embargo, tras analizar un nuevo escrito de la defensa del expresidente, ha concluido que determinadas actuaciones no fueron notificadas hasta varios días después de lo que se había estimado inicialmente, por lo que el plazo para recurrir seguía abierto en esos casos.

La resolución supone que la Audiencia Nacional revisará ahora las primeras decisiones judiciales que dieron origen a la investigación, cuando el procedimiento aún se encontraba bajo secreto de sumario en un juzgado de Madrid. Entre ellas figuran el auto que acordó la apertura de la causa y otras diligencias de investigación adoptadas en los primeros compases del procedimiento.

Por el contrario, el magistrado mantiene fuera del recurso otras resoluciones posteriores al considerar que, en esos casos, el plazo para solicitar su nulidad sí había expirado. Entre ellas se encuentran las autorizaciones para realizar registros en las oficinas vinculadas al expresidente y la apertura de una pieza separada relacionada con el hallazgo de diversas joyas durante una de esas actuaciones.

No obstante, el propio juez deja abierta la posibilidad de que esas resoluciones posteriores puedan verse afectadas si finalmente prospera la nulidad de las actuaciones iniciales. En ese supuesto, parte del procedimiento podría quedar sin efecto al estar sustentado sobre las primeras decisiones judiciales ahora sometidas a revisión.

La rectificación se basa en que las partes no tuvieron acceso a determinadas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción hasta el 29 de mayo de 2026, fecha desde la que debía comenzar a contarse el plazo para presentar el incidente de nulidad. Con ese nuevo cómputo, el recurso registrado por la defensa de Zapatero se considera presentado dentro del tiempo establecido por la ley respecto a una parte de las resoluciones.

El procedimiento investiga al expresidente del Gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la concesión del préstamo de 53 millones de euros otorgado por el Ejecutivo a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero siempre ha rechazado cualquier actuación irregular.

La causa también afecta a varios empresarios vinculados a la operación. Entre ellos figuran el empresario Julio Martínez, considerado por los investigadores como un supuesto testaferro del expresidente, así como el entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exconsejero delegado Roberto Rosselli. Según recoge la resolución judicial, ambos habrían modificado su estrategia procesal y reconocido su presunta participación en las gestiones investigadas, después de haberse acogido inicialmente a su derecho a no declarar.

Con esta decisión, el procedimiento entra en una nueva fase centrada en determinar si las actuaciones que dieron origen a la investigación se ajustaron plenamente a derecho, una cuestión que podría tener consecuencias sobre el desarrollo del resto de la causa.