El Procurador de la Común tramitó durante 4.078 expedientes derivados de 2.206 quejas recibidas durante 2025, de las que el 22,85 por ciento versaron sobre la administración local, tal y como refleja el informe anual entregado por Tomás Quintana al presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, y que será defendido en pleno en una fecha aún por determinar. Un año en el que las solicitudes de intervención por parte de los ciudadanos, como medio de reacción y defensa ante lo que entienden como una vulneración de sus derechos individuales o colectivos, originaron la apertura de 6.267 expedientes por la Procuraduría, informa Ical.

De ellos, 4.078 versaron sobre 17 asuntos, por lo que a efectos estadísticos se computan como 17 reclamaciones, al tener la consideración cada una de ellas como queja múltiple, entendiendo por queja múltiple aquella que ha sido presentada por una pluralidad de personas ante el Procurador del Común sobre un mismo problema.

Los 4.078 expedientes tramitados derivan de 2.206 quejas recibidas, que por su procedencia se distribuyeron 524 en León, 339 en Valladolid, 219 en Burgos, 164 en Palencia, 143 en Ávila, 139 en Salamanca, 114 en Segovia, 110 en Zamora y 77 en Soria. A ellas se sumaron 112 procedentes de otras provincias, tres quejas de varias provincias, dos del extranjero y 260 de procedencia desconocida, aunque perfectamente identificados sus autores, por ser requisito de admisibilidad.

Por áreas, las relacionadas con la administración local fueron las más numerosas, con 504 -un 22, 85 por ciento del total-, seguidas por los asuntos de fomento, con 294, empleo público, con 238, sanidad y consumo, con 230, medio ambiente, con 223, interior y justicia, con 163, familia, igualdad de oportunidades y juventud, con 148, educación, con 125, hacienda, con 102, industria, comercio, empleo, Seguridad Social y prestaciones, con 94, agricultura, ganadería y desarrollo rural, con 49, y cultura, turismo y deportes, con 36.

En relación con las quejas consideradas múltiples, el Procurador del Común abrió un total de 4.078 expedientes, de los que 2.962 correspondieron al proyecto de instalación de una planta de biogás en el Barrio de la Lastra de la ciudad de León, 476 por la reducción de consultas de Pediatría del Centro de Salud de Cistierna (León), 248 por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) y 108 por la situación de la categoría de Técnico Superior en Educación Infantil, entre otros.

En cuanto a la distribución de quejas en función al tipo de administración afectada, cerca del 54 por ciento de ellas afectaban a la administración local, principalmente a los ayuntamientos, con 1.070 quejas. Las referentes a la administración autonómica supusieron el 34,95 por ciento, principalmente a las Consejerías de Sanidad y Educación, mientras que la central ocupó el 7,62 por ciento.

Actuaciones de oficio

Durante el año pasado el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, distribuidas en diez áreas temáticas, aunque la principal de ellas fue la administración local, con 110 del total. En ellas se prestó especial atención a la prevención y extinción de incendios, particularmente en relación con la organización y medios humanos y materiales de las diputaciones provinciales, así como sobre el fomento de la prevención de fuegos mediante el aprovechamiento ganadero extensivo, instando a la Consejería competente a que valorara la oportunidad de incentivar este método en aquellas zonas que se consideren más apropiadas.

Asimismo, se tramitaron 98 expedientes en relación con el suministro de agua potable, al haber tenido noticia de que el servicio público de abastecimiento de agua se había visto afectado por problemas de contaminación, ante lo que en muchos casos se recomendó solicitar las ayudas técnicas y económicas que ofrecen las diputaciones provinciales, a las que el Procurador también se dirigió.

También se abordó la falta de mantenimiento de los locales comerciales en desuso, recordando a las administraciones municipales que, ante una eventual inobservancia del deber legal de conservación que los propietarios tienen respecto de sus inmuebles, tras efectuar la oportuna visita de inspección, deben exigir el cumplimiento de dicho deber y realizar las actuaciones necesarias, utilizando para ello los mecanismos jurídicos contemplados en la normativa urbanística.

Para favorecer a las personas con discapacidad también se promovieron varias actuaciones de oficio, para lo que se analizó la insuficiencia de plazas de estacionamiento de vehículos específicas en algunas localidades para personas con movilidad reducida. Asimismo, se abordó la necesidad de adaptación de los aseos públicos existentes en los grandes municipios para garantizar que su equipamiento asegure su utilización por todas las personas, incluidas tanto las afectadas por limitaciones de movilidad como las ostomizadas.

También se actuó de oficio en relación con la previsible obsolescencia de los sistemas de producción de energía fotovoltaica instalados en el medio rural, para instar a la administración a que prevea con tiempo el sistema de recogida e, incluso, tratamiento, de los residuos que se generarán de forma masiva en un futuro no muy lejano.

Resoluciones

En total, el Procurador del Común dictó 1.333 resoluciones, de las que 230 fueron archivadas por no haber apreciado irregularidad en la actuación administrativa y en 1.103 se formularon resoluciones o recomendaciones a las correspondientes administraciones.

El grado de aceptación por las administraciones y entidades públicas de las resoluciones en las que se formulaba recomendación, recordatorio, deberes legales o sugerencia fue del 84,39 por ciento a fecha de cierre del informe correspondiente a 2025, es decir, el 28 de febrero de este año.

Además, durante 2025 se siguió atendiendo de forma presencial y personalizada a los ciudadanos, tanto en la sede del Procurador del Común en León, como en el resto de capitales de provincia y grandes municipios a los que se acude de forma mensual o quincenal, con un total de 556 entrevistas presenciales, un dato similar al del año anterior.

No obstante, los canales de comunicación con el Procurador del Común en 2025 fueron fundamentalmente la sede electrónica, el correo electrónico o la propia página web, mediante los que se recibieron 1.166 quejas, muy por encima de las formuladas por medios no digitalizados, de las que tienen especial relevancia, en cuanto al número, las todavía presentadas por correo postal, que fueron 186.