La disolución de las Cortes de la XI legislatura pone fin a la tramitación de nueve textos legales, dos proyectos enviados por la Junta y siete proposiciones de los grupos parlamentarios. De esta forma, será la Diputación Permanente, órgano que dirigirá la cámara hasta después de las elecciones autonómicas, la que tendrá que abordar la convalidación del decreto-ley aprobado a finales de diciembre para aplicar el incremento en las retribuciones de 2025 y 2026 de los empleados públicos, publica Ical. 

Una vez que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones autonómicas para el 15 de marzo, se pone fin a la primera legislatura que comenzó con un anticipo electoral. La cámara, tras recibir la comunicación oficial del Ejecutivo, paraliza todos los procedimientos legislativos abiertos, ya que en esta ocasión no se conformó ninguna comisión de investigación. 

Por tanto, de acuerdo con el artículo 171 del Reglamento de las Cortes, expirado el mandato o en caso de disolución, quedan caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la cámara, excepto aquellos de los que tenga que conocer su Diputación Permanente, que será la responsable de velar por los poderes de la cámara hasta que se constituyan las nuevas Cortes, algo que se produce como máximo a los 30 días de celebrarse las elecciones autonómicas.

De esta forma, se convertirán en papel mojado dos leyes en tramitación a iniciativa de la Junta: la de coordinación de policías locales de Castilla y León, que cerró el plazo de enmiendas el pasado 10 de septiembre, y la de ordenación de servicios de prevención y extinción de incendios en entidades locales, que pudo ser enmendada hasta el pasado 27 de junio.

La misma suerte correrán siete proposiciones de ley, entre ellas la de agentes medioambientales de UPL-Soria Ya, que se tramita con la oposición de la Junta, pero que finalmente tampoco verá la luz, aunque fue uno de los asuntos para los que se habilitó la primera quincena de enero.

Las otras seis iniciativas legislativas de los grupos tampoco se sumarán al acervo normativo de la Comunidad, a pesar de que llevan en las Cortes varios años. Se trata de dos textos de PP y Vox, registrados cuando era socios, sobre el Servicio Público de Empleo y la modificación de la ley del ruido, cuyo plazo de enmiendas venció en diciembre de 2024 y en junio de 2025, respectivamente.

De la misma forma, no completará el trámite legislativo la proposición de ley de Soria YA para dotar a Castilla y León de una ley de medidas contra la despoblación, norma que recogió enmiendas hasta el 15 de mayo de este año, sin que se hayan calificado y comenzado su debate en ponencia y comisión.

Los socialistas, principal grupo de la oposición, verán cómo dos de sus propuestas de ley terminan paralizadas con el fin de la legislatura. Se trata de la referida a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, una norma que ya se debatió en el parlamento en la novena legislatura durante la etapa de Juan Vicente Herrera. Tras su toma en consideración, se presentaron enmiendas hasta el el pasado mes de octubre, sin que se haya avanzado más.

De la misma forma, las Cortes no aplicarán los cambios técnicos en la ley agraria de Castilla y León, propuestos por el Grupo Socialista, ni tramitarán la iniciativa de Vox de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de la Comunidad, que recibió enmiendas hasta el pasado 19 de diciembre.

Diputación Permanente

Por otra parte, fuentes parlamentarias indicaron que previsiblemente el 2 de febrero se reunirá la Diputación Permanente para convalidar el decreto-ley aprobado a finales de diciembre para aplicar el incremento en las retribuciones de 2025 y 2026 de los empleados públicos. Este trámite debe realizarse en los 30 días siguientes a su promulgación para evitar que decaiga. Además, cabe recordar que supone la extensión a la Comunidad de una cuestión de normativa básica del Estado, recoge Ical. 

La actual Diputación Permanente está formada por los seis miembros de la Mesa: el presidente Carlos Pollán, los vicepresidentes Francisco Vázquez y Ana Sánchez y los secretarios Diego Moreno, Rosa Ayuso Esteban y Fátima Pinacho; los cinco portavoces de los grupos -Ricardo Gavilanes (PP), Patricia Gómez (PSOE), David Hierro (Vox), Luis Mariano Santos (UPL-Soria YA) y Francisco Igea (Mixto). A todos ellos se unen cuatro procuradores ‘populares’ -Mercedes Cófreces, Miguel Ángel García Nieto, Óscar Reguera y Carmen Sánchez Bellota- y tres socialistas -Nuria Rubio, Pedro González y Virginia Jiménez-.

Entre otras funciones, este órgano ejercerá, de acuerdo al artículo 56 del Reglamento, cuando corresponda, el control de la legislación delegada. Podrá acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad o el planteamiento por la Junta de Castilla y León de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, en supuestos de urgencia, siempre que se pronuncien en tal sentido la mayoría absoluta de sus miembros.

Finalmente, según marca el artículo 58, dará cuenta al Pleno de las Cortes, en la primera sesión ordinaria tras las elecciones, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas.