La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, perdió este miércoles la cuestión de confianza vinculada a la aprobación inicial del presupuesto municipal para 2026, al no lograr el respaldo de la mayoría del Pleno. La propuesta solo contó con el apoyo de los once concejales del Grupo Municipal Popular, mientras que los 16 ediles de la oposición —doce del PSOE y cuatro de Vox— votaron en contra.

La votación se produjo durante un Pleno extraordinario, en el que Ayala se sometió por segunda vez a este mecanismo tras el rechazo previo de las cuentas municipales el pasado 29 de diciembre. El Ayuntamiento se encuentra gobernado en minoría desde noviembre de 2024, cuando Vox retiró su apoyo al Partido Popular y votó en contra del proyecto presupuestario, lo que supuso la ruptura del acuerdo de gobierno.

Con el rechazo de la cuestión de confianza, se abre ahora un plazo de 30 días en el que los grupos de la oposición pueden intentar alcanzar un acuerdo para presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la Alcaldía. En caso de que no se registre dicha moción, o de que esta no prospere, el presupuesto quedará aprobado inicialmente de forma automática.

Este procedimiento está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que cuando una cuestión de confianza se vincula a la aprobación de los presupuestos anuales, la confianza se considera otorgada si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura viable.

De este modo, el futuro político inmediato del Ayuntamiento queda condicionado a la capacidad de entendimiento entre PSOE y Vox, cuyos votos serían imprescindibles para articular una alternativa de gobierno durante el periodo habilitado por la ley.

Tras el Pleno, Ayala defendió su decisión y rechazó las críticas de la oposición, asegurando que no se puede ser "víctima y soberbia al mismo tiempo". La regidora afirmó que someterse a una cuestión de confianza no es un acto de prepotencia, sino un intento de sacar adelante un proyecto presupuestario que considera esencial para la ciudad. En este sentido, explicó que el equipo de Gobierno intentó negociar desde el mes de septiembre, pero que tanto PSOE como Vox descartaron cualquier acuerdo desde el inicio.

La alcaldesa argumentó que la prórroga presupuestaria no era una alternativa viable, ya que impediría solicitar nuevos préstamos, reduciría la capacidad inversora a unos nueve millones de euros y obligaría a paralizar proyectos hasta, al menos, el mes de mayo. Frente a ese escenario, defendió la cuestión de confianza como "la herramienta más responsable", al permitir que el Pleno tenga la oportunidad de articular una alternativa de gobierno si así lo considera.

Ayala subrayó que su único objetivo es que Burgos cuente con presupuesto para seguir ejecutando inversiones, recordando que en 2025 la ciudad maneja una ejecución cercana a los 60 millones de euros. También dejó abierta la puerta a recomponer la relación con Vox, al que definió como su "socio natural", y aseguró que asumió el riesgo político de la cuestión de confianza poniendo "los intereses de la ciudad por encima de su cargo". De no prosperar una moción de censura, el presupuesto podría quedar definitivamente aprobado a finales de febrero o principios de marzo.