La Junta de Castilla y León abrirá el próximo 14 de enero una nueva convocatoria para la retirada de forma segura el amianto todavía presente en miles de edificaciones y que puede cubrir hasta el 85 por ciento de los costes.

Se trata de una inversión pública destinada a frenar los riesgos para la salud y a evitar las retiradas clandestinas que proliferan cuando los costes de gestión profesional resultan inasumibles para pequeños propietarios, explotaciones agroganaderas o empresas de escasa dimensión, publica EFE. 

Esta nueva línea de ayudas mantiene el enfoque de años anteriores y permitirá financiar, en régimen de concesión directa, la retirada y sustitución de cubiertas que contengan amianto en centros de trabajo de toda Castilla y León.

Podrán solicitarlas personas físicas, empresas privadas, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica siempre que el centro de trabajo esté situado en la Comunidad y la retirada se ejecute exclusivamente por una empresa inscrita en el RERA.

Las ayudas cubrirán hasta el 85 por ciento de los costes de retirada -con un máximo de 10 euros por metro cuadrado y de 30.000 por centro- y hasta el 50 por ciento de la nueva cubierta resistente y transitable -con un límite de 40 euros por metro cuadrado y 20.000 por centro-.

La convocatoria se extenderá hasta el 13 de febrero con el fin de acelerar la eliminación de un material cancerígeno prohibido en España desde 2002 pero aún muy extendido en tejados, naves y dependencias construidas antes de esa fecha.

El riesgo del amianto no proviene de su presencia estática en las cubiertas o placas de fibrocemento, sino de su manipulación. Cuando estos materiales se cortan, rompen o se encuentran deteriorados, liberan fibras microscópicas que pueden ser inhaladas y que, con el tiempo, causan enfermedades graves y en muchos casos mortales, como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón.

Once millones desde 2025

Desde 2025 Castilla y León ha dedicado 11 millones de euros a la financiación de la retirada segura y sustitución de cubiertas ligeras con amianto, han informado este miércoles a EFE fuentes de la administración autonómica.

Salamanca encabeza el volumen total acumulado desde 2022 con 2.897.022,28 euros, también en 2025 con más de un millón que la sitúa como la provincia más activa en la eliminación de este material.

Le sigue Burgos, con 2.377.599,73 euros, marcado por un notable impulso en 2023 y 2024. Valladolid y Segovia mantienen igualmente cifras elevadas, con 1.446.410,59 y 1.433.642,86 euros respectivamente, consolidándose como territorios con fuerte volumen de retirada y sustitución de cubiertas.

En un nivel intermedio se sitúan Palencia, que suma 1.142.368,66 euros, y León, con 809.297,21 euros, ambas con incrementos notables en determinados ejercicios.

En la parte baja se encuentran Soria, con 427.073,47 euros, y Zamora, con 330.261,57, además de Ávila, que registra 151.102,50 euros, si bien esta última experimentó un repunte en 2025 que rompe la tendencia de años anteriores.

El ejercicio más intenso para toda la Comunidad fue 2023, cuando se alcanzaron 3,36 millones en subvenciones, prácticamente el doble que en 2022. En 2025, la cifra global volvió a elevarse hasta 2,98 millones (2,95 en 2024), impulsada especialmente por las actuaciones en Salamanca y Valladolid.

Normativa

La normativa estatal exige que cualquier trabajo de sustitución o demolición que implique la retirada de elementos con amianto se realice exclusivamente mediante empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), con planes de trabajo aprobados y un estricto protocolo de seguridad y gestión de residuos.

Sin embargo, estos procedimientos -necesarios para proteger la salud-son también costosos. La retirada certificada implica encapsulado, retirada manual cuidadosa, equipos de protección individual específicos, transporte autorizado y un vertido final en gestores homologados.

Todo ello eleva de forma considerable el presupuesto de obras que, en muchos casos, afectan a pequeñas construcciones: desde cubiertas de naves agrícolas hasta tejados de viviendas antiguas, almacenes, cocheras o anexos rurales.

Para numerosos propietarios, asumir estas condiciones resulta imposible y, ante la falta de alternativas, crece el riesgo de retiradas clandestinas, un fenómeno que preocupa a la administración y a los técnicos de prevención por su impacto sanitario y ambiental.