Castilla y León convoca, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, una nueva anualidad de las ayudas al alquiler de viviendas y habitaciones para el año 2025, con la previsión de llegar a 23.500 personas y con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, aunque las propias bases de la convocatoria, que se publicará este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), contemplan ampliarlo hasta llegar a los cerca de 55 millones.

La subvención media aumentará hasta los 2.500 euros por beneficiario, después de la supresión de la ayuda para las viviendas ubicadas en localidades del tercer ámbito. Por lo tanto, se darán ayudas para los contratos que no superen los 550 euros al mes en las capitales y poblaciones "relevantes" y los 500 euros para los municipios del segundo ámbito. El plazo para la presentación de las solicitudes será entre el próximo 1 de diciembre y el 30 de enero de 2026, publica Ical. 

Con motivo de la presentación de la convocatoria de ayudas al alquiler del presente ejercicio, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones señaló que los solicitantes solo tendrán que rellenar la solicitud con la copia del contrato y el justificante bancario. 

Acompañado de los representantes de CEOE y el sindicato UGT, subrayó el "compromiso" del Gobierno autonómico de otorgar las ayudas a todos aquellos que cumplan los requisitos y los justifiquen. "Somos la única autonomía no foral que conceden ayudas al alquiler de forma universal", destacó el consejero, en declaraciones recogidas por Ical. 

Las ayudas, que se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda, se destina para mayores de edad, con residencia habitual y permanente en Castilla y León, y con ingresos de hasta dos veces el IPREM, que se eleva para familias numerosas y víctimas del terrorismo y personas con discapacidad.

La previsión que maneja la Consejería es que esta convocatoria reciba unas 35.000 solicitudes, de las que 23.500 cumplirán con las solicitudes, frente a las 21.000 del año pasado. Uno de los principales requisitos es contar con unos ingresos mínimos de 4.200 euros y máximos de 25.200 euros anuales. Un límite que se amplía para las familias numerosas, víctimas de terrorismo y familias con discapacidad. Además, será necesario tener una residencia habitual y permanente en Castilla y León y que el pago del alquiler se haga a través de una entidad bancaria. 

El consejero recordó que la subvención es incompatible con otras prestaciones de la misma naturaleza, salvo el bono joven del Gobierno de España. Eso sí, es compatible con el cobro de la renta garantizada de ciudadanía o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En cuanto a la cuantía, se mantiene la subvención al 50 por ciento del precio de la renta, si bien para jóvenes menores de 36 años sube hasta el 60 por ciento; y si es en el medio rural, hasta el 75 por ciento, porcentaje igual del que se benefician las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, con independencia del lugar de la vivienda. El consejero valoró el esfuerzo de la Junta para apoyar a jóvenes con las ayudas del alquiler, algo que justificó al precisar que en el año 2024 hubo 6.280 menores de 36 años que se beneficiaron de este programa, que supuso un desembolso de 17,2 millones de euros. Además, se incluye el alquiler en habitación, con un máximo de entre 175 y 200 euros, en función del tipo de beneficiario y la población en que se encuentra.

Preguntado por la posibilidad de incrementar el tope del precio de los alquileres por encima de los 550 euros, ante el aumento del coste de la vivienda en las capitales de provincia, Suárez-Quiñones respondió que ya se ha subido, en parte, con la supresión del tercer escalón existente hasta ahora de hasta 450 euros, lo que supone una "subida implícita". En todo caso, dejó claro que este tipo de ayudas de la Junta llegan a "muchas personas" que pagan los alquileres "más modestos", como las vulnerables y las necesitadas. Por lo tanto, consideró que hay mercado suficiente de viviendas con estos precios de alquiler. "No hay previsión de subir el tope máximo y es algo que se tendrá que abordar en el seno del Diálogo Social", añadió. 

Por su parte, el jefe de servicio encargado de las ayudas al alquiler precisó que los 550 euros que fija la Junta es el precio de la vivienda, por lo que el coste puede aumentar al contar con una plaza de garaje y un trastero. "Si el precio está desglosado en el contrato de alquiler, el ciudadano podrá pedir la ayuda y la Junta beneficiará esos 550 euros y no se le denegará por pagar 700 euros", expuso.

Asimismo, apostó por resolver las ayudas en el mismo plazo que en la convocatoria anterior. Pese a recordar que la norma obliga a resolver las ayudas en seis meses, subrayó, según Ical, que la Junta ha logrado bajar de ese periodo, gracias al esfuerzo en la contratación de personal en el servicio, a través de Somacyl.