El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta al proyecto de ley que reformará la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que establecerá el reconocimiento expreso de la compatibilidad entre el empleo y las prestaciones del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

En la rueda de prensa posterior, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó que esta modificación favorecerá "el acceso al empleo de muchas personas con discapacidad". Así, puso el ejemplo de un joven "con parálisis cerebral que tiene plaza en un centro ocupacional y que encuentra un trabajo de tres horas en una panadería". Hoy en día, "tendría que renunciar a su plaza", pero con la reforma podrá "compatibilizarla" con el trabajo, recoge Ical. 

La futura norma prevé de hecho modificar el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) PARA dejar expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, una novedad "clave" a la hora de avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad. Hasta ahora, muchos beneficiarios de servicios o ayudas del SAAD se veían obligados a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia.

Según el ministerio, tal situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Una de las consecuencias más frecuentes es la pérdida de plazas en centros ocupacionales, explicó, cuya recuperación posterior resulta complicada.

De aprobarse la nueva ley, cuando una persona reciba una oferta de empleo o unas prácticas formativas, no habrá ninguna duda de que podrá mantener su plaza en el centro durante el tiempo necesario para valorar la continuidad del puesto de trabajo. Derechos Sociales sostiene que esto garantizará una transición segura hacia el empleo y evitará que la aceptación de una oportunidad laboral implique la renuncia a recursos fundamentales para la autonomía personal.

Accesibilidad

En su intervención, Bustinduy afirmó que este proyecto de ley "viene a consolidar el derecho de todos a ser cuidados y atendidos con calidad". "Más derechos, más servicios, menos burocracia y accesibilidad universal" son sus claves, subrayó. De hecho, se presenta como un desarrollo normativo del nuevo artículo 49 de la Constitución, por lo que modifica la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal, recoge Ical. 

Además, la norma hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad e incide en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva. Alude también a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.

En este sentido, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, por lo que su cumplimiento se podrá exigir en edificios o en servicios que sean públicos. Con tal fin se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias (instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR de audiodescripciones, etc.).

Viviendas accesibles

El proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas con las que realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas. Obligará también a la comunidad de vecinos a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. "Atendemos con esto una demanda histórica de las organizaciones de la discapacidad" y el Cermi, declaró.

Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos a la hora de acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 por ciento el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos. El proyecto añade como novedad en esta segunda vuelta la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. De este modo, las administraciones competentes deberán adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva que lo aseguren (mediante lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo).

El desarrollo de la accesibilidad no solo se tendrá en cuenta para espacios, sino también en servicios públicos. Este es el caso de las Juntas Arbitrales de Consumo que, según la futura norma, asegurarán el acceso universal mediante procedimientos accesibles.

La reforma de las leyes de Autonomía Personal y de Discapacidad también contiene medidas destinadas a agilizar y acelerar los procesos administrativos, como el reconocimiento automático de un 33 por ciento de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el SAAD.

Además, se incorporó en segunda vuelta que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65 por ciento de discapacidad. Las personas que lo deseen, podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad, a fin de obtener un grado mayor del previsto en estas pasarelas.

El ministro agradeció las aportaciones al proyecto presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Grupo Social ONCE, Plena inclusión, la Plataforma del Tercer Sector y otras entidades.