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El Constitucional retoma esta semana su resolución sobre la Ley de la Vivienda
Afronta el primero de los recursos, que presentó la Junta de Andalucía, y al que se sumaron otras que entienden que el Estado invade competencias de las CC.AA
El Tribunal Constitucional retoma este martes el recurso de la Junta de Andalucía contra la Ley estatal de Vivienda, el primero de los ocho que tiene pendiente la corte de garantías, cuyo borrador plantea la inconstitucionalidad de algunos preceptos.
Los magistrados iniciaron una primera deliberación en su último pleno sobre el borrador de la magistrada María Luisa Segoviano, si bien se limitó a una discusión corta, sin apenas profundizar, por eso el tribunal aplazó el debate para el próximo pleno con la intención de resolverlo en un pleno extremadamente corto, con tan solo cinco asuntos en el orden del día.
No obstante, fuentes jurídicas apuntan a EFE que no está garantizado que se vaya a votar dada la especial complejidad jurídica y técnica del recurso, que plantea declarar inconstitucionales algunos preceptos de la norma.
El Gobierno de Andalucía considera que la ley de vivienda "invade competencias" en materia de vivienda "exclusivas" recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
La Junta entiende que el Estado "no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, tal y como se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal Constitucional", según argumentó el Ejecutivo autonómico en la presentación del recurso.
El recurso propone la impugnación de toda la regulación recogida en la ley en torno al concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público.
También se recurren los artículos referidos a la regulación de los derechos y deberes de los propietarios de viviendas y su estatuto jurídico, que, según sostiene la Junta, "compete" a la región.
La corte de garantías tiene seis recursos contra la Ley de Vivienda ya admitidos y que han presentado el PP, el Parlamento de Cataluña y los Gobierno de Andalucía, Illes Balears, País Vasco y Comunidad de Madrid.
También han recurrido la norma la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia, aunque en estos casos los recursos están aún pendientes de admisión a trámite.
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