La Asociación para la Defensa del Territorio Cántabro ha censurado que el Ayuntamiento de Soba y el Gobierno de Cantabria han "regalado" a la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros 400.000 metros cuadrados de monte de hayas que pertenecen a Cantabria.

Según ha manifestado, en un comunicado, el portavoz de la citada asociación, Cecilio García, "este problema se le ha ido de las manos al alcalde, Julián Fuentecilla, y al Gobierno de Cantabria", a los que acusa de ser "los promotores" del pacto de un nuevo deslinde de los límites colindantes entre Soba y la provincia de Burgos, cerca de Espinosa de los Monteros, más concretamente desde el Portillo de la Hoz, Las Brenillas, Monte Hazana y la Vuelta El Carro.

García ha indicado que el alcalde de Soba y el pedáneo de Cañedo de Soba, Juan Caudino Ruiz, acordaron en 2012, junto con los representantes de Espinosa de los Monteros, un nuevo deslinde aguas vertientes de la cordillera entre Cantabria y Burgos con una "pérdida de aproximadamente 400.000 metros cuadrados para el Valle de Soba, más concretamente para las juntas vecinales de Cañedo, Quintana de Soba y Cantabria en su conjunto".

Un hecho que, según García, "desafía a la justicia", puesto que, según el Código Civil, un terreno que haya sido deslindado judicialmente no podrá ser objeto de un nuevo deslinde, que, en este caso, existía desde el año 1.724.

"Fuentecilla, además de saltarse la ley, lo hace sin el conocimiento de los vecinos y por tanto sin el consentimiento de las juntas de Cañedo y Quintana, a excepción del regidor de Cañedo, el cual aprueba y da su consentimiento como si se tratara de una finca de su propiedad", ha criticado, así como que el alcalde no ha explicado las razones del acuerdo.

Ante estos hechos, la Asociación está dispuesta a "llegar hasta el final" y no descarta acciones legales para esclarecer y recuperar el territorio cedido y ello "a pesar de la pasividad del Gobierno de Cantabria".

En este sentido ha recordado que el Ejecutivo regional, que sí tuvo en cuenta la defensa de los intereses de Guriezo frente a Trucíos basándose en los apeos del siglo XVI, "no está considerando ni defendiendo el interés por este territorio cuya sentencia data del año 1.734".

"Nos sentimos perjudicados y entendemos que hay ciudadanos de primera y de segunda y una doble vara de medir según las instituciones de Cantabria", ha denunciado García, que ha instado a Fuentecilla a "esclarecer todo lo referente al nuevo deslinde", apuntado que el regidor "pudiera ser sancionado por dejación de funciones".