Investigan un cambio en la redacción de uno de los puntos de la nueva Ordenanza de Movilidad

Fernández Santos acusa de "meter mano" a alguien del Ayuntamiento para que la reducción de velocidad a 30 km/h solo sea efectiva en los carriles de sentido único y no en las calles con un carril por sentido.  

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Investigan un cambio en la redacción de uno de los puntos de la nueva Ordenanza de Movilidad
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La Ordenanza de Movilidad, que fue aproabada el pasado viernes en la sesión ordinaria del Pleno Municipal, no ha sido redactada en los términos acordados por los diferentes grupos municipales, sobre todo por los dos mayoritarios, PP y PSOE. En este sentido, el concejal socialista, Antonio Fernández Santos, ha acusado a alguien con responsabilidad en el Ayuntamiento de "meter mano" en el texto en uno de los puntos. 

 

En concreto, el acuerdo por el que trabajó personalmente el edil del PSOE, era que en las calles con un único carril por sentido de circulación, la velocidad máxima permitida se reducía hasta los 30 km/h, mientras que en las calles con dos o más carriles por sentido se mantenían a 50 km/h como en la actualidad. 

 

Sin embargo, según Fernández Santos "alguien agregó la frase 'sentido único de circulación' en dicho artículo", lo que reduce claramente las calles que verían reducida su velocidad máxima permitida. Así, si esta norma contemplaba que calles con doble sentido pero con solo un carril, como puede ser la calle Segovia, quedaba reducida a viales de un único sentido, como la calle Santander. 

 

Desde el Equipo de Gobierno se están encargando de averiguar qué es lo que ha podido pasar en el proceso de redacción para que el artículo de dicho punto haya cambiado en el proceso, tal y como ha reconocido Antonio Fernández Santos. 

 

RETRASO EN LA ENTREGA DEL PMUS

 

Por otro lado, el concejal del PSOE ha informado del incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, que estaba siendo redactada por una UTE por un precio de 200.000 euros a cargo del Ayuntamiento. Al parecer, la empresa debía haberlo entregado el pasado mes de septiembre y aún no hay noticias del mismo, lo que debería de acarrear una sanción administrativa. 

 

 

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