La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, defendió este jueves, durante el acto de Apertura del Año Judicial 2026-2027 en la Comunidad, la necesidad de continuar reforzando la planta judicial, dotar de los medios necesarios al nuevo modelo organizativo derivado de la Ley de Eficiencia y preservar la independencia judicial como una garantía esencial para los ciudadanos.

Ante representantes de la Carrera Judicial y Fiscal, profesionales de la Administración de Justicia y miembros de las principales instituciones de Castilla y León, Del Ser destacó que los órganos judiciales de la Comunidad han conseguido incrementar su capacidad de respuesta, resolver más asuntos y reducir los procedimientos pendientes respecto a ejercicios anteriores. Todo ello, pese a que persisten importantes niveles de sobrecarga en numerosos órganos.

La presidenta atribuyó estos resultados al esfuerzo y compromiso de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y demás profesionales que sostienen el funcionamiento diario de los tribunales. "Su trabajo constituye el principal activo de la Justicia de Castilla y León", afirmó.

El acto contó con la presencia de los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Más plazas para aliviar la sobrecarga

Del Ser insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo la planta judicial de Castilla y León para responder a las cargas de trabajo existentes. En este sentido, valoró positivamente las 19 plazas contempladas en la reciente adecuación de la planta judicial, aunque advirtió de que la ampliación no resuelve por completo las necesidades de la Comunidad.

Por ello, señaló que la Sala de Gobierno considera "imprescindible" seguir impulsando nuevas plazas judiciales y jueces de adscripción territorial, especialmente para reforzar los órganos civiles, penales, sociales, mercantiles y especializados.

"La sobrecarga permanente de los órganos judiciales no puede convertirse en un mecanismo ordinario de funcionamiento del sistema. Una Justicia moderna y eficaz requiere recursos suficientes, planificación adecuada y una estructura capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía", manifestó.

La presidenta recordó además las singularidades territoriales de Castilla y León, marcadas por su extensión geográfica, la dispersión de la población y el elevado número de partidos judiciales. Estas características, explicó, obligan a compatibilizar la proximidad de la Justicia con la especialización necesaria en determinados órganos.

Más especialización frente a la violencia sobre la mujer

La evolución de la organización judicial en materia de violencia sobre la mujer fue otro de los asuntos destacados por Del Ser. La presidenta recordó que la ampliación de competencias y la incorporación de los delitos de violencia sexual al ámbito de actuación de estos órganos especializados han obligado a revisar su organización y dimensionamiento.

En este ámbito, destacó la puesta en funcionamiento durante este año de nuevas plazas especializadas y los avances en los procesos de comarcalización, especialmente en aquellos territorios en los que la carga de trabajo hacía necesario adoptar estas medidas.

"La experiencia demuestra que la especialización mejora la calidad de la respuesta judicial y proporciona una protección más eficaz a las víctimas", señaló. El objetivo, añadió, debe ser continuar avanzando en esta línea, "garantizando siempre el equilibrio entre la especialización, la proximidad territorial y la adecuada dotación de recursos".

La Ley de Eficiencia, ante el reto de contar con más medios

La presidenta del TSJCyL también repasó la culminación del proceso de implantación de la Ley de Eficiencia, que ha transformado la organización de los órganos judiciales y cuyo nuevo modelo ya funciona en los tribunales de Castilla y León.

Durante el último año, explicó, se han abordado las dificultades surgidas durante su puesta en marcha, entre ellas la adaptación de las infraestructuras, la actualización de las aplicaciones informáticas, la coordinación entre las oficinas judiciales y los distintos órganos jurisdiccionales y las necesidades de personal.

Del Ser consideró "imprescindible" que esta nueva organización vaya acompañada de los recursos necesarios para desarrollar todo su potencial. En este sentido, advirtió de que las limitaciones en la dotación de medios personales de algunas oficinas judiciales continúan siendo "un motivo de preocupación".

No obstante, puso en valor la profesionalidad y el esfuerzo de los trabajadores de la Administración de Justicia, que han permitido que el nuevo modelo funcione con relativa normalidad. La presidenta aseguró que se seguirá trabajando para alcanzar su pleno rendimiento y mejorar su agilidad y capacidad de respuesta.

La independencia judicial como garantía ciudadana

En la última parte de su intervención, Ana del Ser centró su reflexión en la independencia judicial, en un contexto marcado por un intenso debate público y por una creciente exposición de las resoluciones judiciales al escrutinio social.

La presidenta defendió que las decisiones judiciales pueden ser analizadas, discutidas y criticadas, y consideró que la crítica jurídica razonada contribuye a fortalecer el sistema y mejorar la calidad de la Justicia. Sin embargo, distinguió esta discrepancia legítima de la atribución de motivaciones ajenas al ámbito jurídico.

"La atribución infundada de motivaciones políticas o ideológicas a los jueces no solo afecta a quienes ejercen la jurisdicción, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho", advirtió.

Del Ser reivindicó la independencia judicial como una garantía de los ciudadanos, al permitir que cualquier persona pueda acudir a los tribunales con la confianza de que su asunto será resuelto de acuerdo con la Constitución, la ley y las pruebas practicadas.

"Significa que ninguna presión ni interés ajeno al Derecho puede condicionar una resolución judicial", afirmó.

La presidenta del TSJCyL subrayó asimismo que la independencia judicial exige "responsabilidad, prudencia, profesionalidad e imparcialidad", valores que consideró inseparables del ejercicio de la función jurisdiccional. También apeló a la responsabilidad compartida de jueces, poderes públicos y de quienes participan en la vida institucional y en el debate público para preservar las condiciones que permitan mantener una Justicia independiente y eficaz.

"Sin una Justicia independiente no existe una garantía efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Porque la confianza de la sociedad en la Justicia constituye uno de los pilares esenciales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho", concluyó.