La Junta de Castilla y León ha destinado 12,2 millones de euros al impulso de medio centenar de proyectos de sostenibilidad empresarial en la provincia de Burgos, una inversión que ha permitido movilizar cerca de 24,7 millones de euros de capital privado dentro del Plan de Sostenibilidad Empresarial 2025-2027.

Los datos fueron presentados por el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), Augusto Cobos, durante una reunión de trabajo con responsables de la Oficina de Economía Circular del Polígono Industrial de Villalonquéjar, una iniciativa promovida por la Asociación de Empresarios del polígono con la colaboración de la Fundación Caja de Burgos.

Según explicó Cobos, además del respaldo económico a proyectos empresariales vinculados a la sostenibilidad y la economía circular, el plan ha permitido acelerar diez iniciativas emprendedoras, desarrollar once consultorías especializadas y organizar 28 acciones formativas en las que han participado 330 profesionales.

Durante el encuentro también se analizaron las iniciativas que se están llevando a cabo en Villalonquéjar para fomentar una gestión más eficiente de los recursos, potenciar la colaboración entre empresas e impulsar modelos de producción más sostenibles adaptados a los nuevos retos medioambientales y regulatorios.

Desde el ICECYL se destacó el papel del polígono burgalés como referente en la implantación de estrategias de economía circular, gracias al trabajo desarrollado a través del proyecto Polígono Circular y de la Oficina de Economía Circular, que desde 2024 presta apoyo a las empresas para mejorar su competitividad mediante prácticas más sostenibles.

La jornada incluyó además visitas a dos entidades del polígono industrial. La primera fue a Maniplastic, una pyme que ha recibido asesoramiento para optimizar la gestión de residuos, el uso eficiente de recursos y la aplicación de criterios de economía circular. Posteriormente, la delegación se desplazó a Aspainas, donde conoció un ejemplo de colaboración entre el tejido empresarial y el tercer sector para promover un modelo de desarrollo industrial con un mayor impacto social e inclusivo.

La Junta considera que la cooperación entre administraciones, empresas y entidades sociales constituye una herramienta clave para reforzar la competitividad del tejido productivo y avanzar hacia un modelo económico más sostenible.