El juicio por el conocido caso de las comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia ha entrado en su fase final con un mensaje contundente desde la Fiscalía Anticorrupción. Su máximo responsable, Alejandro Luzón, ha defendido este miércoles la imposición de penas "graves" a los principales acusados, al considerar que formaban parte de una "corrupción política organizada" que, a su juicio, está "carcomiendo el sistema democrático".

Durante su alegato final ante el Tribunal Supremo, Luzón ha reiterado su petición de 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, además de 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama.

El fiscal ha subrayado que no se trata solo de un caso de irregularidades administrativas o perjuicio económico, sino de algo más profundo: un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

Según Luzón, los acusados habrían participado en una trama continuada de cobro de comisiones vinculada a contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, afectando tanto a la libre competencia como al correcto funcionamiento de la administración.

Pero su intervención ha ido más allá del ámbito estrictamente judicial. En uno de los momentos más destacados de su exposición, ha advertido de que este tipo de prácticas generan una percepción de impunidad que debilita los pilares democráticos."Es la certeza de que con esta corrupción política organizada (…) está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha señalado.

La Fiscalía considera que las condenas solicitadas son "proporcionales y disuasorias", acordes con la gravedad de los hechos analizados durante el juicio. En este sentido, Luzón ha defendido la necesidad de una respuesta firme desde el ámbito penal para frenar este tipo de conductas. También ha explicado que, aunque la lucha contra la corrupción debe abordarse desde la prevención, es en el terreno judicial donde corresponde actuar en este caso concreto.

Una reflexión que trasciende el juicio

Más allá del resultado final del proceso, las palabras del fiscal jefe de Anticorrupción han dejado una idea de fondo: la corrupción política no solo tiene consecuencias legales, sino también un impacto directo en la salud democrática.

El mensaje lanzado desde el alto tribunal invita a una reflexión más amplia sobre la transparencia, la responsabilidad pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control institucional para evitar que prácticas similares vuelvan a repetirse.