La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus principales peticiones de condena en el juicio por la presunta trama de contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia, en el que solicita 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha confirmado las conclusiones definitivas del Ministerio Público en la vista celebrada en el Tribunal Supremo, con ajustes técnicos que no modifican las penas solicitadas para ninguno de los principales acusados.

Sin rebaja para Aldama pese a su confesión

Uno de los puntos centrales del tramo final del juicio ha sido la situación de Víctor de Aldama, quien confesó haber pagado presuntas comisiones a Ábalos y Koldo García. Esa declaración llevó al Partido Popular, como acusación popular, a pedir una reducción de condena al considerar aplicable una atenuante muy cualificada de confesión, que habría rebajado de forma significativa su pena e incluso evitado su ingreso en prisión.

Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado esa opción y ha decidido mantener la solicitud de 7 años de cárcel, al entender que no concurren las condiciones para aplicar dicha rebaja en los términos propuestos por las acusaciones populares.

En este contexto, han surgido informaciones que apuntaban a una posible influencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la decisión de no aplicar la atenuante. Fuentes fiscales lo han negado de forma tajante y han subrayado que la resolución ha sido fruto de un proceso interno de deliberación en la Fiscalía Anticorrupción, sin órdenes ni presiones externas, y dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Público.

Las acusaciones populares lideradas por el PP han mantenido su petición de rebaja para Aldama, defendiendo incluso que las penas por cada delito no superen los dos años de prisión, lo que impediría su entrada en la cárcel.

La defensa del empresario ha respaldado parcialmente esta tesis, solicitando también que las condenas no excedan ese umbral en cada uno de los delitos atribuidos, aunque ha mostrado discrepancias sobre la intensidad de la atenuación aplicada por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones y han reiterado su petición de absolución para ambos, negando su implicación en la presunta trama de contratos de material sanitario.

El procedimiento ha quedado visto para sentencia tras varias sesiones centradas en la valoración de pruebas documentales y la reproducción de audios que han sido especialmente complejos y de difícil comprensión.

El caso, uno de los más relevantes derivados de la gestión de la pandemia, deberá ahora ser resuelto por el Tribunal Supremo, que determinará si existen responsabilidades penales en la presunta red de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones