El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia entra esta semana en su recta final con un momento clave: la declaración del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que comparecerá este lunes para responder a las acusaciones vertidas contra él.

Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y antiguo hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, afronta una petición de hasta 24 años de prisión por su presunta implicación en una trama de contratos públicos irregulares vinculados a la empresa Soluciones de Gestión, según la acusación.

La sesión llega tras varias jornadas maratonianas en el alto tribunal -algunas de hasta 14 horas de duración- que han obligado a reajustar el calendario previsto inicialmente.

El empresario Víctor de Aldama, considerado pieza clave en la investigación, ha declarado en el proceso que habría pagado entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones a Ábalos y a su exasesor Koldo García, además de abonarles supuestamente 10.000 euros mensuales para gastos.

Aldama, que colabora con la justicia tras su paso por prisión preventiva en otra causa, llegó a situar a Ábalos como el 'número dos' de una supuesta estructura organizada, en la que también implicó al entorno político del Gobierno y del PSOE, afirmaciones que han sido negadas o matizadas por otras defensas. Entre sus declaraciones más polémicas, el empresario incluso vinculó parte de los fondos presuntamente obtenidos a financiación política, algo que no ha sido acreditado judicialmente en este procedimiento.

Defensa del exasesor y versión contrapuesta

Frente a estas acusaciones, el exasesor Koldo García negó el pasado jueves haber participado en cobros irregulares y defendió la actuación del exministro, a quien describió como una persona centrada en la gestión de la emergencia sanitaria. También insistió en que las acusaciones deben ser probadas.

La investigación, liderada por la UCO de la Guardia Civil, sostiene que el papel de Ábalos fue "fundamental" en la presunta trama, aunque subraya que el empresario Aldama habría ejercido el control económico de las operaciones.

Más allá de las mascarillas, el procedimiento también examina otras posibles irregularidades, como la presunta influencia del exministro en contrataciones de personal en empresas públicas vinculadas a su entorno o en decisiones administrativas como el rescate de Air Europa.

Asimismo, se investiga si pudo existir participación en el pago de un piso utilizado por su expareja en Madrid o en el alquiler de un chalé en Cádiz, elementos que la Fiscalía considera parte de las supuestas ventajas indebidas.

Por primera vez desde que ingresó en prisión preventiva, Ábalos ofrecerá su versión ante el tribunal. Su declaración se considera decisiva para el avance del caso, en el que se analizan adjudicaciones millonarias durante los meses más críticos de la pandemia. El exministro deberá responder si intervino directamente en los contratos de emergencia, si conocía la supuesta red de comisiones y qué relación mantuvo con los principales investigados.

El juicio entra así en una fase determinante, con un foco mediático y político especialmente intenso, a la espera de una declaración que podría marcar el rumbo del procedimiento.