Los policías locales de Burgos se han concentrado esta mañana ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, para exigir, “de manera inmediata", la finalización del proceso y la aprobación de las normas que permitan el anticipo de la edad de jubilación.

De esta manera, los profesionales policiales han manifestado su “malestar e indignación” con el Gobierno, “por su total dejación, y por no haber cumplido aún su compromiso, tras más de una década trabajando por esta justa reivindicación de la jubilación anticipada”.

La elevada edad media de los policías locales en Castilla y León, con un porcentaje significativo de agentes que pudieran acogerse a la jubilación anticipada, podría colapsar los servicios de Policía Local en el 80% de los ayuntamientos de la Comunidad, si se alarga la paralización del proceso de jubilación anticipada, según CSIF.

Existen unos 380 policías locales en Castilla y León (el 10% del total) que tienen entre 59 y 65 años, y que podrán acogerse a la jubilación anticipada. En el caso de Burgos, de 241 policías locales en la capital, 33 estaría en situación a acogerse a la jubilación anticipada, que en toda la provincia son unos 50.

De esta forma, consideran que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Función Pública deben tomar nota de la “crispación que existe en la Policía Local de toda España". En este sentido, el responsable de Seguridad de CSF de Castilla y León, Valentín Martínez, ha explicado que “los ciudadanos tienen que saber que la aplicación de la jubilación anticipada a los policías locales no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas"

Asimismo, Martínez ha asegurado que la jubilación anticipada es “razonable y conveniente”, ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales.