El Partido Castellano - Tierra Comunera ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Burgos la actuación del Ayuntamiento de Burgos por la no instalación en tiempo y forma de los paneles o soportes metálicos destinados a la colocación gratuita de propaganda electoral.

El pasado 19 de febrero, esta formación política puso en conocimiento de la Junta Electoral la reiterada práctica del Ayuntamiento consistente en no habilitar los espacios públicos gratuitos previstos en la normativa electoral para la colocación de carteles. Con fecha 20 de febrero, la Junta dio traslado de dicha comunicación al Consistorio para que actuara conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Sin embargo, en la tarde del 26 de febrero los soportes continuaban sin estar instalados, incumpliéndose la obligación legal de garantizar, desde el inicio efectivo de la campaña, espacios públicos adecuados para todas las candidaturas.

Ante esta situación, el PCAS-TC presentó denuncia por posible infracción electoral contra la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, al considerar que la responsabilidad última de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones legales recae en la Alcaldía-Presidencia, como máxima responsable de la actuación municipal.

Según consta en el acta levantada el 27 de febrero por la Junta Electoral de Zona de Burgos, este órgano ha requerido formalmente al Ayuntamiento para que, en el plazo de 48 horas, proceda a la instalación de los paneles destinados a propaganda electoral o provea alternativas equivalentes que aseguren el derecho de las candidaturas a difundir sus propuestas, en cumplimiento de los artículos 55, 56 y 57 de la LOREG. Aunque esta colocación ya llegará con retraso en relación al comienzo de la campaña.

El PCAS-TC considera que esta omisión "genera una situación de desigualdad material entre candidaturas, vulnera los principios de igualdad, pluralismo político y neutralidad institucional, y afecta al derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española".

Por todo ello, solicita que se incoen las actuaciones oportunas por posible infracción electoral frente a la alcaldesa de Burgos. Que se adopten las medidas necesarias para salvaguardar los principios de igualdad, pluralismo político y neutralidad institucional que deben regir el proceso electoral, aunque el daño ya está hecho.

Concluye señalando que "la calidad democrática de un proceso electoral se mide, también, por el escrupuloso respeto a las reglas del juego y la igualdad de oportunidades entre todas las candidaturas, sin excepciones ni privilegios", el incumplimiento de estas circunstancias han retratado el bajo nivel democrático de la actual Alcaldesa.