La Guardia Civil ha liberado a un octogenario al que miembros de una red criminal asentada en Vizcaya habían aislado de su entorno familiar para obligarle a ejercer mendicidad y utilizarlo en estafas a través de internet que superarían los 36.000 euros.

En el marco de la operación, han sido detenidas 18 personas en Vizcaya y una en Burgos, mientras que otras tres están siendo investigadas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Guipuzcoa, Lérida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y La Coruña.

La investigación comenzó tras una denuncia en febrero de 2025, cuando una persona manifestó haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni poder recuperar el dinero.

El grupo criminal publicaba anuncios de venta o adopción de animales y exigía a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos: vacunas, transporte, chip, jaula... mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias.

La organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos para engañar a los compradores.

Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente.

Los presuntos autores destinaban parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales que percibían -Renta de Garantía de Ingresos e Ingreso Mínimo Vital-, a inversiones en criptomonedas valoradas en más de 55.000 euros. La Guardia Civil cifra en más de 560.000 euros las prestaciones sociales percibidas de manera indebida.

Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían además bajo control a un octogenario al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Se imputa a los detenidos los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.