La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos, situación en la que se encuentra desde el 27 de noviembre, ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas.

Este jueves, la Sala encargada de revisar la decisiones del instructor Leopoldo Puente ha celebrado ya la primera de las dos vistas a puerta cerrada para estudiar los recursos que las defensas de Ábalos y su exasesor presentaron contra su ingreso en prisión.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que todas las partes han ratificado sus escritos ante la Sala, por tanto, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido mantener al exministro en prisión preventiva, al igual que ha hecho la acusación popular que lidera el PP.

Por su parte, la defensa del exministro ha insistido que no existe riesgo de fuga, porque de lo contrario no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez para revisar sus medidas cautelares.

La Sala que forman los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena no adelantará su decisión y resolverá la próxima semana, han explicado las fuentes.

Ábalos ha sido representado en esta diligencia por Carlos Bautista, que la pasada semana renunció a su defensa, si bien el magistrado dejó claro que este letrado debía seguir representando al exministro en la vista de este jueves porque no era posible que el nuevo abogado "pudiera comparecer debidamente instruido de la causa". Su nuevo letrado, Marino Turiel, ha asistido en calidad de oyente.

El juez envió a Ábalos y Koldo a prisión al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones populares hasta 30 años.

Ábalos y Koldo García serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por el empresario Víctor de Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

El Supremo tiene pendiente fijar la composición de la Sala, las pruebas del juicio y señalar fecha que, según fuentes consultadas por EFE, aspira a que sea entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.