La Junta de Castilla y León planteará este jueves a los sindicatos la transformación en personal fijo de los 837 trabajadores fijos discontinuos del operativo de incendios forestales, una medida que pretende aplicar a partir del 1 de enero y que supone una inversión adicional de 12,6 millones de euros. El coste total del refuerzo del operativo se elevará así a 22,4 millones.

La propuesta se abordará en la Mesa de Negociación del Personal Laboral y en la Mesa Sectorial de Función Pública, convocadas para este 20 de noviembre, en las que también se tratará la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) tanto de personal funcionario como laboral. Según la Consejería de la Presidencia, estas medidas buscan dotar de estabilidad, profesionalización y modernización al dispositivo de prevención y extinción de incendios, tal como recoge el Decreto-Ley 1/2025 aprobado el pasado 23 de octubre.

La principal novedad para el personal laboral es la conversión de los fijos discontinuos en personal fijo de la Administración General, dependiente de Medio Ambiente, con efectos previstos para el 1 de enero de 2026. Esto permitirá que los trabajadores, que hasta ahora prestaban servicio solo parte del año, desarrollen funciones durante los doce meses, reforzando la prevención, la respuesta ante incendios y la atención a otras emergencias de protección civil.

La medida afecta a 837 puestos distribuidos en tres categorías: 217 oficiales de montes–conductor maquinista, 403 vigilantes de incendios y 217 peones de montes y extinción. La Junta afirma que esta profesionalización equivaldría, en términos de disponibilidad, a ampliar la plantilla en más de un 130%.

La modificación de la RPT también contempla 59 puestos de operador de centro de mando —31 modificaciones y 28 nuevas plazas—, completando la reorganización del operativo.

Cambios para el personal funcionario

En el ámbito funcionarial, la Junta propone crear el nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, con una mejora del complemento de destino del nivel 16-17 al 18, lo que supone una inversión de 1,2 millones anuales. La integración será voluntaria para los actuales agentes del Subgrupo C1 que cuenten con la titulación requerida, lo que supondrá una mejora salarial de 1.951,80 euros al año.

Además, la propuesta incorpora un nuevo complemento específico para los puestos con funciones en incendios forestales. Este incremento afectará a ingenieros superiores y técnicos forestales (subgrupos A1 y A2), que sumarán 2.660 euros anuales, y a los agentes medioambientales, que percibirán 1.050 euros más. La medida asciende a unos 2 millones de euros y beneficiará a más de 1.100 empleados públicos.

La Junta aspira también a extender al personal laboral el complemento específico vinculado a la designación de bombero forestal, con subidas de 2.660 euros anuales para el Grupo II y de 1.050 euros para los Grupos III y IV. Su aplicación depende del acuerdo en la Mesa del Convenio Colectivo e implicaría 1,81 millones adicionales.

El complemento podría llegar también a celadores de medio ambiente, determinados conductores e ingenieros forestales contratados como personal laboral.

El conjunto de los cambios depende en parte de la convalidación del Decreto-Ley 1/2025, cuya votación se celebrará en el próximo Pleno de las Cortes. La aprobación es necesaria para crear el nuevo Grupo B y aplicar las mejoras retributivas asociadas.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subrayó que la propuesta "suma 15,8 millones de euros de mejora y afecta positivamente a casi 2.000 empleados públicos", y pidió el apoyo parlamentario para consolidar un operativo "más estable, cualificado y robusto" de cara al próximo año.