El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha concluido este miércoles su declaración en el juicio destacando que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".

En la quinta y penúltima jornada del juicio, la Sala ha escuchado las explicaciones del fiscal general, que se enfrenta a entre 4 y 6 años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos, por la filtración de un correo de la causa de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, publica EFE. 

Al cabo de hora y media, justo cuando su abogado ha terminado el interrogatorio, el fiscal general ha hecho un breve alegato señalando que antes de entrar a la Sala una persona se había dirigido a él.

Y haciendo suyas las palabras de esa persona ha dicho: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende y eso es el resumen de lo que ha pasado aquí".

Previamente, en ese breve alegato, ha indicado que los correos y la nota de prensa son "dos cursos causales absolutamente diferentes, tan diferentes como incompatibles".

"El hecho de empeñarme, que yo tenga una desagradable discusión con la fiscal superior, con que salga una nota cuando ya han salido los correos, es que yo quiero que la información pública y veraz de la Fiscalía es la que esté. Lo que quiero es que la Fiscalía tenga esto", ha aseverado, en declaraciones publicadas por EFE. 

Las conclusiones definitivas: de la absolución a penas de entre 3 y 6 años de prisión

Tras ello, el presidente ha pedido a las partes que den cuenta de sus conclusiones finales, antes de exponer este jueves su informes.

Al respecto, todas las acusaciones han elevado a definitivas sus conclusiones preliminares, salvo Manos Limpias que ha rebajado su petición de pena de cuatro a tres años de prisión, al pedir que aplique la atenuante analógica por vulneración del secreto sumarial, relacionado con un posible perjuicio al derecho de defensa.

De esta forma, el arco de penas que solicitan las acusaciones oscila entre los 3 y los 6 años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, han pedido la absolución del fiscal general.