El verano de 2025 pasará a la historia como uno de los más devastadores en términos medioambientales. España ha superado ya las 344.000 hectáreas quemadas, según el sistema europeo Copernicus, una cifra sin precedentes desde que existen registros. Algunos cálculos la elevan incluso a más de 380.000 hectáreas. Castilla y León está entre las comunidades más afectadas: se estima que solo en esta región se han perdido más de 100.000 hectáreas, lo que superaría el récord histórico registrado en 2002.

El fuego no solo arrasa nuestros montes, también deja al descubierto una estructura política que sigue sin dar respuestas a la altura de la emergencia. Los incendios, cada vez más grandes, más frecuentes y más difíciles de controlar, son consecuencia de múltiples factores: el cambio climático, la sequía persistente, la falta de limpieza forestal, el abandono rural y, sobre todo, la ausencia de una estrategia nacional sólida.

Ante esta realidad, el Gobierno de España ha propuesto un pacto de Estado contra los incendios, apelando a la necesidad de unidad institucional para reforzar la prevención, los recursos y la coordinación entre administraciones. Pero la iniciativa ha sido recibida con escepticismo. Algunas comunidades autónomas reclaman más medios, otras cuestionan la falta de planificación, y desde la oposición se acusa al Ejecutivo de buscar titulares en medio del desastre.

Mientras tanto, los incendios siguen activos. Miles de personas han sido evacuadas en varias provincias de Castilla y León, y los daños naturales y económicos son incalculables. La respuesta no puede seguir siendo fragmentada ni improvisada. El país necesita algo más que promesas: necesita recursos, anticipación y compromiso político sostenido, más allá del ciclo informativo del verano.

Y en medio de este paisaje de humo, surge de nuevo la figura de Carles Puigdemont, con declaraciones crípticas: "En otoño pueden pasar cosas". La frase, lanzada con la habitual ambigüedad estratégica, vuelve a colocar el foco en el frágil equilibrio parlamentario que sostiene al Gobierno. ¿Está dispuesto Junts a retirar su apoyo al PSOE? ¿O simplemente busca más contrapartidas para continuar alimentando su influencia desde Bruselas?

La política española no puede permitirse incendiarse por dentro mientras el país arde por fuera. Las catástrofes requieren altura de miras, no cálculos electorales. Puigdemont juega su partida, como siempre, con el lenguaje de la presión. Pero la ciudadanía exige otra cosa: certezas, responsabilidad y soluciones.

En Castilla y León, los montes siguen ardiendo. Y no solo los árboles: también el tejido rural, el patrimonio natural, los medios de vida de muchos pueblos. Lo que está en juego no es una competencia institucional ni una batalla ideológica: es el futuro de una parte esencial del país.

España necesita menos titulares y más Estado. Menos ambigüedad táctica y más compromiso territorial. Porque si algo han dejado claro estos meses de humo y cenizas, es que no estamos preparados. Y ya no queda tiempo para seguir esperando.