Adioses de procuradores socialistas, del Grupo Mixto y de los dos procuradores no adscritos (ex de Vox),
Castilla y León impulsa un modelo de juego responsable con una nueva comisión autonómica
El nuevo órgano técnico coordinará políticas de prevención, analizará el impacto del juego y elaborará una estrategia contra la ludopatía
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha esta semana la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, un órgano formado por representantes del Ejecutivo autonómico, la Federación Regional de Municipios y Provincias, asociaciones de jugadores en rehabilitación y entidades del sector del juego.
Esta iniciativa responde a lo establecido en la reforma de la Ley del Juego aprobada por las Cortes regionales el pasado año y tiene como finalidad garantizar un entorno de juego más seguro, consciente y responsable en la comunidad.
La función principal de esta comisión será la elaboración de la Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico en Castilla y León, un plan que incluirá medidas concretas para prevenir el juego problemático y ofrecer apoyo a quienes lo padecen.
Entre sus cometidos también se encuentran la coordinación de las políticas públicas en esta materia, el análisis del impacto del juego en la sociedad y la promoción de acciones de concienciación y buenas prácticas, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, ha destacado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es crear un entorno regulado con mecanismos de control eficaces y transparencia, sin desatender la importancia económica y social del sector.
La comisión estará presidida por Irene Muñoz, directora de Relaciones Institucionales de la Consejería de la Presidencia, y contará con la participación de responsables de las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, abordando temas relacionados con adicciones, salud pública, juventud e innovación educativa.
En su reunión inaugural, se estableció un marco de trabajo común, identificando prioridades y desafíos clave para orientar las futuras políticas de forma más eficaz y adaptada a las necesidades reales de los usuarios.
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