Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

Según han informado fuentes jurídicas, y publica EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid no ha accedido a la petición de los letrados de Amador de que se aplazara la declaración hasta que la Audiencia de Madrid resuelva sobre su recurso contra la decisión de la jueza de ampliar la investigación a más posibles delitos.

Y entonces los letrados de González Amador le han aconsejado que no declare al considerar que hacerlo vulneraría sus derechos, han explicado fuentes de su defensa. 

González Amador ha entrado y ha salido de los jugados sin hacer declaraciones. Al salir numerosos periodistas le han seguido hasta que se ha introducido en un taxi, y ha recibido un pequeño golpe de una cámara en la cabeza.

En los pasillos se ha mostrado tranquilo, hablando con sus letrados, y al entrar a la sala de vistas ha explicado que no declaraba porque así se lo han dicho sus abogados.

Los otros cuatro empresarios investigados también se han acogido a su derecho a no declarar por el mismo motivo, han explicado fuentes presentes en la declaración: entienden que no deben hacerlo hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que también han interpuesto contra la decisión de la jueza de indagar en más presuntos delitos, entre ellos un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión encubierta.

Ni González Amador ni los otros empresarios imputados han prestado nunca declaración ante la jueza Inmaculada Iglesias desde que se abrió la causa hace casi un año, tras cuatro suspensiones previas por diferentes motivos, publica EFE. 

Alberto González Amador está investigado en la pieza principal por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en la que habrían intervenido presuntamente los otros investigados.

El novio de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos. Su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena.

La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y otros dos fiscales, por presunta revelación de secretos.