El Congreso de los Diputados debatirá este martes, a iniciativa de Podemos, la posibilidad de ilegalizar las empresas de "desokupación" de viviendas y de tipificar su actividad como delito de odio.

La exministra y portavoz de Podemos, Ione Belarra, defenderá esta propuesta en la Comisión de Vivienda, con el argumento de que la "existencia legal de este tipo de organizaciones parapoliciales fascistas violentas está amenazando la seguridad y la normalidad democrática en nuestro país", publica EFE. Podemos sostiene que las llamadas "empresas de desokupación" son en realidad "grupos paramilitares, escuadristas y fascistas, que emplean la violencia y el acoso para expulsar ilegalmente a familias que residen de manera legal en sus viviendas".

En la exposición de motivos de su iniciativa, a la que ha tenido acceso EFE, señala como caras más visibles de estas organizaciones a Daniel Esteve, conocido como 'Dani desokupa', fundador de la empresa 'Desokupa', y a Luis Núñez, de 'Desokupa CYl', detenido recientemente en Valladolid por un presunto delito de extorsión contra los responsables de una empresa de reformas.

En el caso de Daniel Esteve, destaca que fue condenado a un año y seis meses de prisión, en sentencia por acuerdo, por este mismo delito en un caso de un dinero prestado a una pareja.

Según Podemos, existe una investigación que prueba que más del 40 % de las casi 50 empresas de desokupación que han actuado en España entre 2023 y 2024 tienen vínculos probados con ideologías fascistas.

"En Málaga, Valencia y Madrid muchas de estas empresas están ligadas directamente a grupos fascistas y neonazis locales, algunos de ellos con un amplio historial a sus espaldas de asesinatos, agresiones violentas y otros múltiples delitos de odio con motivo de su ideología neonazi y fascista", afirma en su proposición no de ley.

En ella, Podemos mantiene que la ocupación de viviendas sigue siendo algo "claramente residual" en España, ya que según datos del Ministerio del Interior el número de 'okupaciones' lleva dos años cayendo y afecta solamente al 0,057 % de las viviendas existentes, es decir a 15.289 inmuebles sobre un parque total de 26,6 millones de casas, recoge EFE.