La aprobación de la Ley de Amnistía es un gran fracaso para la sociedad española. Que esta norma salga adelante en un clima de absoluta división y disconformidad, es un síntoma de todos los males que están aquejando a nuestra democracia en los últimos años. No, no basta con remitirse a la votación del Congreso de los Diputados, que la sacó adelante con un exiguo margen de 177 votos a favor y los 172 en contra de toda la oposición. La Ley de Amnistía, con todo su significado, sólo ha sido respaldada por los partidos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente, más acorralado que nunca por los escándalos que señalan a su esposa, espera que este imponente gesto con el secesionismo catalán le aporte la estabilidad que necesita para sostener su tambaleante mandato.

Lo grave de esta Ley no es únicamente que borre los delitos del 1 de octubre de 2017. Lo gravísimo es que ha sido aprobada después de una negación constante del propio presidente secundado por ministros y líderes políticos del Partido Socialista que, antes de las pasadas elecciones generales de julio de 2023, mantenían con furor que la Amnistía no tenía encaje en nuestra Constitución y que su aplicación era absolutamente inviable. Además de Sánchez, Bolaños, Montero, Marlaska, Carmen Calvo, Iceta o Salvador Illa han hecho el paseíllo de la vergüenza con sus declaraciones de entonces. No hay que rebuscar demasiado. La hemeroteca está tan reciente como para refugiarse en cualquier eufemismo. Lo de entonces eran unas declaraciones tajantes que, por lo visto, respondían a la estrategia del engaño para sus votantes. Los socialistas y sus seguidores votaron el 23 de julio pasado a una opción política que les engañó. Primero les dijeron que nunca habría Amnistía. Después han hecho simplemente lo contrario. Eso que unos le llaman "cambios de opinión" se define como mentir.

La aprobada Ley de Amnistía queda ahora en manos de la Justicia. Pero el poder judicial no lo va a tener fácil. Basta ver cómo ya han arremetido contra los jueces los grupos aliados del Gobierno en un ejercicio de presión e intromisión sin tapujos. El recorrido de esta Ley a instancias de la justicia europea será otra de las incógnitas para manejar en un periodo de incertidumbre donde también aparecerán en escena las alusiones a un referéndum de autodeterminación que el independentismo reclama como la principal moneda de cambio para sostener a Pedro Sánchez en su condición de inquilino de La Moncloa.

Las alusiones al fango se han convertido en el recurrente recurso de la distracción. Lo que ha ocurrido la semana pasada en España es muy grave. La condición de investigada de la esposa de Sánchez alimenta más una hoguera política irrespirable mientras nuestro país se sumerge entre los conflictos internacionales por el reconocimiento de Palestina, la foto de Abascal o la Ley de Amnistía. A la vuelta de unas elecciones europeas camufladas de plebiscito, la incógnita es saber si el electorado del PSOE que votó una cosa hace un año y después su partido hizo lo contrario tendrá la suficiente memoria para castigar una estrategia de supervivencia que no tiene nada que ver con lo que realmente es hacer política.