El cambio sustancial en el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que en su día se presentó a Europa el Ayuntamiento de Burgos para obtener 7 millones de euros para tres proyectos de movilidad en la capital burgalesa puede poner en riesgo esos fondos, ha informado este lunes en rueda de prensa el concejal de Movilidad, José Antonio López.

Una sentencia judicial ha anulado la adjudicación del contratado para la implantación de la ZBE, y el nuevo sistema de gestión del tráfico, al haberse firmado antes de la aprobación de la Ordenanza Municipal de Movilidad en la que se tendrían que definir las zonas, restricciones y sanciones.

El edil de Movilidad ha culpado al anterior equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos de haber mantenido esta ?chapuza? cuando ya había un auto que suspendía cautelarmente la adjudicación sin el marco normativo necesario, como es la Ordenanza de Movilidad.

El equipo de Gobierno municipal (PP-Vox) ha decidido ahora retomar el proyecto desde el principio, aprobando una nueva ordenanza de movilidad y firmando después un nuevo contrato, aunque con una reducción notable de la superficie incluida en la Zona de Bajas Emisiones, que prácticamente se limitaría a la zona ya peatonalizada de la ciudad, en el centro histórico.

El objetivo del ejecutivo municipal es culminar el nuevo proyecto antes del 31 de diciembre de 2024, que es la fecha que han solicitado como prórroga, ya que inicialmente debería haber concluido el 31 de diciembre de este año.

Este mismo lunes se reúne el Gabinete de Movilidad, formado por varios técnicos municipales y tres concejales del gobierno del Ayuntamiento de Burgos, para iniciar todo el proceso.

Sin embargo, el concejal ha reconocido que también hay dudas sobre si las autoridades europeas admitirán el cambio en el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, que suponía inicialmente 2,6 millones de euros.

Ha recordado que, aunque el gasto será finalmente menor, también habrá que sumar en torno a 700.000 euros que habrá que pagar como liquidación a la anterior adjudicataria por los trabajos que haya realizado y el material comprado.

En todo caso, los 2,6 millones son solo una parte de los siete concedidos para mejoras en la movilidad por Europa, en los que se incluían dos actuaciones ya realizadas: la mejora de accesibilidad de las paradas de autobús y varias peatonalizaciones, y si Europa no acepta los cambios o no hay prórroga del Gobierno, el Ayuntamiento tendría que devolver toda la subvención.