El Ayuntamiento de Burgos (PP-Vox) ha decidido aplazar la implementación de la zona de bajas emisiones (ZBE), diseñada por el anterior equipo de Gobierno (PSOE-Cs), para desarrollar una normativa "adecuada" a la ciudad, que sea menos "restrictiva" y así "salvaguardar" los intereses de los burgaleses.

El concejal de Movilidad, José Antonio López, ha explicado este lunes en rueda de prensa que el grupo municipal del Partido Popular "no está de acuerdo" con el proyecto impulsado en el anterior mandato, que señalaba tres zonas de aplicación de restricciones al tráfico en función de los niveles de contaminación en la ciudad.

La zona cero, que coincidía con el centro histórico que ya cuenta con restricciones de tráfico, "no era muy incisiva", ha recordado, pero las zonas ?básica? y ?ampliada? presentaban "restricciones bastante importantes con las que el equipo de Gobierno no está de acuerdo".

Por ese motivo, López ha señalado que es el momento de "darle una pensada" al proyecto, que además se desarrolló con una normativa "improvisada" por parte de PSOE y Cs, con un contenido "claramente deficiente".

El concejal ha recordado que "ni siquiera establece con claridad un régimen sancionador, lo que ya inhabilita la aplicación práctica de la normativa, porque no tendría ninguna transcendencia", y además supone una violación del principio de legalidad.

De este modo, el Ayuntamiento de Burgos va a poner en manos de los técnicos el estudio de un nuevo proyecto de zona de bajas emisiones, pues se introducirán modificaciones "precisas" para "salvaguardar los intereses generales de los burgaleses".

José Antonio López ha recordado que la implementación de las ZBE deriva de una normativa europea de obligado cumplimiento, pero se cuenta con una moratoria hasta 2027, así que el equipo de Gobierno va a intentar diseñar un proyecto, cumpliendo los plazos y trámites, pero que sea "menos incisivo". 
Así las cosas, los siguientes pasos a dar son la emisión del dictamen correspondiente tras la resolución de las alegaciones presentadas al proyecto y el estudio de las modificaciones a introducir, con un análisis técnico para solucionar las deficiencias detectadas y un estudio de la normativa.

Mientras, el Ayuntamiento de Burgos está a la espera de que se resuelva el contencioso abierto por la denuncia presentada en el anterior mandato por la que fuera portavoz municipal del PP, Carolina Blasco, contra la adjudicación del contrato para la instalación del sistema de control, vigilancia y supervisión de las ZBE.

"La tramitación municipal viene condicionada por el procedimiento judicial del que el Ayuntamiento no es parte, así que la capacidad de disposición es nula", ha recordado el edil.