El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 18 de octubre el nuevo baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que establece, entre otras medidas, un trámite de urgencia para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedades raras y víctimas de violencia machista.

Esta iniciativa, acordada a finales del año pasado por el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas, pretende "agilizar y flexibilizar" los trámites a través de medios telemáticos, asegurando la "accesibilidad universal" de todo el proceso, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ione Belarra.

Las mismas fuentes han destacado que también establece un trámite de urgencia para su reconocimiento por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud y de esperanza de vida.

TAMBIÉN INCLUYE A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En estas categorías estarían incluidas personas afectadas por enfermedades como la ELA, por ejemplo. Además, las víctima de violencia de género podrán acogerse a este trámite de urgencia, ya que muchas de ellas adquieren discapacidades tras sufrir violencia.

También se avanza, según explican las citadas fuentes, en la valoración y calificación de realidades que causan discapacidad, como los autismos o las enfermedades raras. La norma, de hecho, posibilita su revisión a medida que surjan nuevas causas de discapacidad o se realicen nuevos descubrimientos científicos.

Por otro lado, garantizan el derecho a los menores con discapacidad a ser "informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad" y se incluye a la sociedad civil como integrante de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

CERMI CELEBRA ESTE PASO

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ya ha celebrado esta decisión del Ejecutivo que permitirá, a su juicio, una nueva valoración del grado de discapacidad "más ajustada a la realidad".

La entidad ha recordado que han sido "más de diez años de trabajos preparatorios" para lograr este texto, que va a sustituir al aprobado en 1999 y que, a su juicio, "había quedado desfasado a la luz del modelo social de entender la discapacidad al que obliga la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas".