El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos estudiará la vía judicial para impedir el "pelotazo urbanístico" de la implantación de las zonas de bajas emisiones en la ciudad, según ha avanzado este jueves su portavoz, Carolina Blasco.

"No voy a permitir este tipo de pelotazos en mis narices", ha señalado Blasco en una comparecencia ante los medios, antes de recordar que se trata de un proyecto de más de 3,6 millones de euros financiado con fondos europeos.

"Llegaremos al final del asunto, acudiendo al Contencioso Administrativo si es preciso", ha aseverado la portavoz del PP en el Consistorio burgalés.

Estas declaraciones coinciden en el tiempo con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud del proyecto por parte de la Junta de Gobierno local, a la que Blasco ha acusado de "hacerse cómplice" de "una auténtica corrupción municipal".

Tras advertir de "múltiples ilegalidades" en la tramitación del proyecto, ha insistido en que dicha aprobación es "irregular" porque se adolece del estudio previo de seguridad y salud que requiere este tipo de procedimientos.

Una cuestión que le ha llevado a preguntarse dónde están los sindicatos ante un proceso que puede poner en riesgo la salud de los trabajadores y que "huele muy mal" en el Ayuntamiento de Burgos.

Fondos Europeos

Por ello, ha anunciado la presentación de un recurso extraordinario de revisión del proyecto y, de forma paralela, informar a Inspección de Trabajo y el Gobierno central de las "ilegalidades" que se pretenden acometer con los fondos europeos adheridos al mismo.

Asimismo, y tras exigir al alcalde, Daniel de la Rosa, "rigor" y "seriedad" en la gestión del dinero público, ha preguntado dónde está la comisión antifraude planteada para el control de los recursos extraordinarios de la Unión Europea, cuya utilización está enentredicho.