Castilla y León tiene actualmente datos de 3.693 ciudadanos ucranianos que se encuentran refugiados en la comunidad seis meses después del inicio de la invasión que sufre dicho país por parte de Rusia, de los cuales 3.613 han solicitado la tarjeta sanitaria autonómica, mientras que 1.120 de ellos son alumnos que reciben asistencia en el sistema educativo de la comunidad.

Según los datos que ha aportado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, unos días después de cumplirse seis meses de conflicto entre Rusia y Ucrania, son 3.693 los nacionales de ese segundo país los que están acogidos en Castilla y León actualmente.

La cifra, según ha explicado el consejero, se mantiene estabilizada "por encima de los 3.000" desde hace varios meses porque si bien hay algunos de ellos que han regresado a Ucrania porque han decidido "volver junto a sus familiares" que se quedaron allí hay otros, sobre todo jóvenes con hijos, que siguen llegando a la comunidad.

De la cifra total, ha apuntado el portavoz, la gran mayoría (3.613) tienen la tarjeta sanitaria de Castilla y León tras haberla solicitado.

Además, constan 1.120 niños y adolescentes ucranianos que son alumnos y que "reciben asistencia" en el sistema educativo. Asimismo, ha aportado la cifra de 331 menores que se encuentran en situación de guardia provisional dentro de los sistemas de la Junta de Castilla y León.

La Junta se ha sumado un año más a la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria con la Aecid y en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, se ha autorizado a través de la Consejería de la Presidencia una concesión directa por importe de 50.000 euros como aportación complementaria al convenio suscrito en 2018 y prorrogado en los ejercicios siguientes.

Las aportaciones anuales de Aecid y las comunidades autónomas se destinan anualmente a diferentes contextos mundiales que precisan de ayuda humanitaria. De este modo, se logra un mayor impacto de las iniciativas, aunando esfuerzos para incrementar el volumen, eficacia y calidad de la ayuda.

CONFLICTO EN UCRANIA

En 2022 se ha planteado la necesidad de incrementar las aportaciones previstas en el marco del convenio de acción humanitaria, con el fin de apoyar la respuesta de los organismos internacionales a las necesidades humanitarias excepcionales identificadas en el Plan de Intervención Anual, especialmente agravadas a raíz del conflicto bélico en Ucrania, y de las condiciones derivadas de éste en el contexto mundial.

Fuentes de la Junta han recordado que, según la FAO, los precios de los alimentos han alcanzado en 2022 los mayores niveles jamás registrados, sobre todo en el caso de los cereales y oleaginosas. Hay que tener en cuenta que la pandemia de Covid-19 ya había provocado una inflación considerable del precio de las materias primas agrícolas en 2020 y 2021. Asimismo, el conflicto ucraniano y la pandemia llegan acompañados de cambios climáticos pronunciados, que afectan a los agricultores de todo el mundo que están derivando en situaciones muy graves de inseguridad alimentaria.

En este contexto, la Junta de Castilla y León y otras diez comunidades autónomas manifiestan la voluntad de articular los instrumentos financieros y jurídicos necesarios, al objeto de complementar la contribución mínima inicial establecida en el convenio, con el fin de poder dar cobertura, a las necesidades agravadas por el impacto del conflicto en Ucrania en la situación alimentaria mundial, en particular, y la situación humanitaria, en general.