Entonces, fue trasladado al Royal London Hospital en Whitechapel, al este de la capital británica. Allí, le conectaron a una máquina de soporte vital tras diagnosticarle 'muerte cerebral'. Sus padres, se negaron a aceptarlo e impidieron que le hiciesen más pruebas que corroborasen su fallecimiento. Empezó entonces una batalla judicial contra la Justicia británica que ha durado meses.

El 31 de mayo, los médicos del Royal London Hospital le hicieron una resonancia magnética e informaron de que su estado era incompatible con la vida. Dos semanas después, el 13 de junio, la jueza británica Emma Arbuthnot aceptó este informe médico y dictaminó que Archie estaba "muerto" y que los doctores podían desconectarlo "de manera legítima".

Siguió la batalla judicial y tres jueces del Tribunal de Apelaciones trasladan el debate a otros magistrados del Tribunal Superior. Entendían que las pruebas médicas no habían demostrado "más allá de toda duda razonable" que el menor había muerto aquel día.

Sus padres desatendieron los mandatos judiciales y presentaron un recurso de última hora ante Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que ordenó que se aplazase la desconexión de Archie Battersbee para dar tiempo a estudiar el recurso. El 2 de agosto llegó un nuevo recurso ante la Corte Suprema que también fue rechazado.

Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha aceptado el recurso de última hora.